En un giro inesperado en la investigación contra el presidente Gustavo Petro por presunta participación en política, la representante investigadora Gloria Arizabaleta cambió de estrategia. Aunque había emitido una decisión suspendiendo al jefe de Estado, ahora envió esa determinación a consulta de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes y del presidente del Senado, Lidio García. En su auto, Arizabaleta ordenó "remitir a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes para que en Sesión Plena sea sometida en grado de Consulta". La medida suspendería a Petro de su cargo hasta el 21 de junio a las 4:00 de la tarde, fecha programada para la segunda vuelta presidencial.

Lo curioso es que esta remisión a consulta abre la puerta para que tanto la Comisión como García rechacen la decisión de Arizabaleta. El presidente del Senado ya se ha pronunciado de manera tajante, calificando el fallo como inconstitucional e ilegal. "No hagamos política con la ley ni con la Constitución colombiana. El proyecto de decisión que ha conocido la opinión pública es abiertamente ilegal e inconstitucional", indicó García.

Para el dirigente, solo la plenaria del Senado tiene autoridad para decretar la suspensión de funciones del presidente de la República, y solo en el contexto de un juicio político. Según su interpretación de los artículos 174 y 175 de la Constitución, la Comisión de la Cámara no tiene competencia para tomar esa decisión. "Su rol se limita a investigar, practicar pruebas y presentar un eventual proyecto de acusación ante la plenaria de la Cámara", expresó.

Sin embargo, hay voces que defienden a Arizabaleta. Algunos expertos señalan que ella sí podía tomar esa decisión porque se trata de un proceso disciplinario y no penal, regulado por el Código Disciplinario. Bajo esa normativa, los investigadores tienen facultad para decretar la suspensión del cargo de un procesado cuando hay justificación.

Lo cierto es que el tema sigue generando una enorme controversia. Ahora todo depende de si García y la Comisión en pleno acogen o rechazan lo decidido por Arizabaleta. De momento, la suspensión del presidente queda en el limbo legal.