La mañana del miércoles se tiñó de tensión política cuando circuló por redes sociales la noticia de que el presidente Gustavo Petro había sido suspendido de su cargo hasta el 21 de junio. El pánico se apoderó de espacios mediáticos y plataformas digitales. Pero como suele pasar en estos tiempos de información acelerada, la realidad era bastante más sencilla y menos dramática: todo se trataba de un simple borrador que ni siquiera había sido radicado oficialmente ante las instancias competentes.

El documento que causó el alboroto fue elaborado por la representante Gloria Arizabaleta, del Pacto Histórico. Sin embargo, juristas, congresistas y expertos constitucionalistas no tardaron en salir al paso para tranquilizar a la ciudadanía. Dejaron claro que esa medida no tenía ningún efecto legal inmediato y que el mandatario continuaba ejerciendo sus funciones con total normalidad como jefe de Estado.

Lo que pasó refleja un malentendido importante sobre cómo funciona el sistema de pesos y contrapesos en Colombia. Muchos creyeron que la decisión de una sola congresista bastaba para apartar del poder al presidente. Nada más alejado de la realidad. Según el Artículo 194 de la Constitución Política de 1991, la suspensión o destitución de un mandatario es competencia exclusiva del Senado de la República, y eso solo puede ocurrir después de una acusación formal presentada de la manera correcta.

La senadora Angélica Lozano recordó públicamente que el proceso real para llegar a una suspensión presidencial es un engranaje legislativo complejo que poco tiene que ver con lo que circuló en redes sociales. Primero, la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara debe evaluar las pruebas y votar por mayoría si acusa formalmente al presidente. Si aprueba, el caso va a la Plenaria de la Cámara de Representantes completa, donde se debate nuevamente. Solo si la Cámara lo aprueba, el expediente viaja al Senado, donde una comisión especial compuesta por cinco senadores abogados revisa el caso. Finalmente, la Plenaria del Senado hace la votación definitiva para decidir si se admite la acusación y, por lo tanto, si se decreta la suspensión o destitución.

Como quedó demostrado el miércoles, el documento que desató la polémica no era más que un borrador preliminar sin recorrido legal alguno. El panorama institucional en la Casa de Nariño se mantiene sin cambios. Lo que sí quedó en evidencia fue la importancia de verificar la información y entender cómo funcionan realmente nuestras instituciones antes de dar por sentada una crisis de gobernabilidad que, en este caso, nunca existió.