Las tecnologías de vigilancia digital dejaron de ser una herramienta excepcional de seguridad para convertirse en práctica normalizada en América Latina, amenazando directamente el ejercicio del periodismo y los derechos fundamentales de millones de personas. Así lo plantea un informe presentado por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que pone el dedo en la llaga sobre cómo los gobiernos han expandido sistemas de espionaje digital sin límites claros ni controles efectivos.

El documento, aprobado en septiembre de 2025, expone que la vigilancia digital ya no respeta fronteras entre lo público y privado. Ha comenzado a afectar derechos como la privacidad, la libertad de prensa y la participación ciudadana. Y lo más preocupante es que esta práctica se ha vuelto cada vez más común, normalizada, como si fuera parte natural del funcionamiento estatal.

Lo que más alarma es el uso de software espía como Pegasus. Esta herramienta ha sido empleada para infiltrar teléfonos móviles de periodistas, defensores de derechos humanos, activistas ambientales, abogados, opositores políticos y líderes sociales en distintos países del continente. Colombia, México, El Salvador y República Dominicana figuran entre los casos documentados donde estas tecnologías habrían sido utilizadas para vigilar, intimidar y perseguir a quienes se atreven a cuestionar.

Para los periodistas, las consecuencias son devastadoras. La vigilancia destruye la confianza entre comunicadores y sus fuentes, alimenta el miedo y genera autocensura. Muchos de los periodistas entrevistados por la CIDH confesaron haber modificado sus rutinas diarias, restringido sus contactos y hasta alterado sus investigaciones por temor a ser monitoreados. Uno de los afectados relató que "Pegasus es una manifestación más de lo que significa desafiar la narrativa oficial".

Detrás de este panorama hay una relación cada vez más estrecha entre gobiernos y compañías tecnológicas que desarrollan estas herramientas de espionaje, convirtiendo la vigilancia en un negocio multimillonario. La CIDH llamó a los Estados a reforzar los controles judicales, garantizar transparencia y crear organismos independientes que supervisen estas prácticas. También pidió que se establezcan límites claros: las tecnologías de vigilancia solo deben utilizarse bajo criterios estrictos de legalidad, necesidad y proporcionalidad.

El informe cierra con una advertencia que no deja espacio a dudas: si la vigilancia digital continúa normalizándose, la relación entre ciudadanos y Estado se transformará de manera irreversible, debilitando la libertad de expresión y poniendo en riesgo el futuro de las democracias en la región. Para el periodismo, el desafío es existencial. No se trata solo de proteger a los comunicadores, sino de defender el derecho de todos a estar informados.