La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) no se quedó con los brazos cruzados. Acaba de darle una orden administrativa a Tesla Motors Colombia para que corrija el manejo de sus entregas, garantías e información sobre infraestructura de carga. La medida busca proteger a los consumidores colombianos que han estado comprando vehículos eléctricos de la marca a través de internet desde que llegó al país hace pocos meses.

El organismo de vigilancia realizó una investigación profunda después de que Tesla iniciara operaciones en noviembre de 2025. Los investigadores revisaron casi 23.700 pedidos hechos entre noviembre y marzo pasado, visitaron la página web de la empresa y analizaron las quejas que habían llegado de los clientes. Lo que encontraron no fue alentador. Más de 1.800 vehículos que debían entregarse entre febrero y marzo del año actual seguían sin llegar en abril. Además, detectaron inconsistencias en la información que Tesla proporcionaba sobre los tiempos de entrega, las garantías de los carros y la disponibilidad de cargadores Supercharger en el país.

La SIC fue bastante específica con lo que Tesla debe hacer. En primer lugar, la compañía debe dejar de comunicar fechas tentativas de entrega como si fueran fechas confirmadas. También tiene que explicar de forma clara, completa y verificable cuáles son las garantías reales de los vehículos que vende. No puede seguir hablando de cargadores Supercharger en Colombia si no están disponibles o si la información es engañosa.

Además, Tesla deberá revisar sus contratos de venta para que las condiciones sobre reservas, pagos y entregas sean transparentes y no dejen lugar a confusiones. La compañía también debe ajustar las garantías que cubre en componentes como llantas y neumáticos. Y tendrá que implementar acciones para evitar retrasos injustificados en las entregas, mejorar la atención a quejas y reclamos, y cumplir con todas las reglas especiales que aplican para las ventas por internet.

La SIC fue clara en el mensaje: si Tesla no obedece estas órdenes, que están en proceso de comunicación formal a la empresa, enfrentará sanciones administrativas conforme a la ley de protección al consumidor.