En las calles de Cartagena y Bolívar la realidad duele. Mientras políticos, EPS, IPS y funcionarios nacionales se disputan quién controla el sistema de salud, millones de colombianos siguen esperando medicamentos, cirugías y consultas especializadas que no llegan. La salud del país ha sido tomada como rehén por los egos del poder, y quien paga las consecuencias es el paciente.

La crisis financiera que asfixia a hospitales públicos y privados no es un problema de números en un balance. Detrás de cada cifra hay personas. Hay pacientes hospitalizados cuyo tratamiento se retrasa. Hay trabajadores de la salud esperando salarios que no llegan. Hay médicos, enfermeras y auxiliares que cada día luchan por mantener operativa una infraestructura que se desmorona lentamente. Y hay ciudadanos que se preguntan si el derecho fundamental a la salud todavía existe en este país.

Desde la costa caribeña, las alarmas se encienden. El Nuevo Hospital Bocagrande ha tenido que advertir sobre dificultades para garantizar la continuidad de sus servicios. En Cartagena escasean ambulancias acuáticas para atender comunidades insulares. Las quejas por falta de medicamentos aumentan cada día. Los procedimientos médicos se retrasan. Las citas especializadas tienen esperas de meses. Y mientras esto sucede, quienes tienen la responsabilidad de garantizar atención digna continúan discutiendo competencias, lanzando anuncios de reforma y protagonizando confrontaciones políticas que no resuelven nada.

Lo más preocupante es que esta normalización del caos ha llegado a extremos inconcebibles. Parece natural que las EPS acumulen miles de reclamaciones sin responder. Parece aceptable que los hospitales denuncien problemas de liquidez. Parece normal que los ciudadanos deban acudir a tutelas para obtener un medicamento. Nada de eso debería serlo. La salud funciona cuando hay recursos suficientes, pagos oportunos, planeación seria y decisiones responsables. Hoy no hay nada de eso.

Surge entonces una pregunta inevitable: ¿Dónde están los organismos nacionales cuando las instituciones de salud advierten sobre riesgos financieros? ¿Dónde están cuando los trabajadores denuncian retrasos salariales? ¿Dónde están cuando los pacientes enfrentan barreras permanentes para acceder a tratamientos? La frustración ciudadana ha generado una expresión que resume el sentimiento colectivo: el "cartel de la salud", reflejo del cansancio por años de burocracia excesiva, falta de transparencia, decisiones tardías y, donde ha sido probado, corrupción.

El resultado siempre es el mismo: mientras unos discuten poder, otros esperan una cirugía. Mientras unos defienden posiciones políticas, otros esperan un medicamento. Mientras unos libran guerras burocráticas, otros espera una ambulancia. La salud no puede seguir siendo víctima de confrontaciones políticas ni de intereses económicos que no responden a las necesidades reales de la gente.

Los colombianos tienen derecho a exigir respuestas, pero sobre todo merecen soluciones. La salud debe estar por encima de cualquier interés político o institucional. Porque cuando falla el acceso a atención médica, cuando los hospitales colapsan financieramente y cuando los pacientes pierden la oportunidad de ser atendidos a tiempo, el problema deja de ser administrativo. Se convierte en un asunto de vida y muerte, en una vulneración de derechos fundamentales que ninguna democracia que se respete puede tolerar.