Hace varios años viene tocando la puerta una advertencia incómoda: algunos gremios empresariales y agrícolas están cometiendo un error que les cuesta caro. Cuando se alejan de su misión técnica y representativa para meterse de lleno en la política partidista, no ganan más influencia ni logran mejores políticas públicas. Al contrario: pierden enfoque, se enredan en conflictos de interés y terminan traicionando a los sectores que dicen defender.

El año pasado fue un ejemplo claro de esto. Congresos gremiales, incluido el de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), dejaron de ser espacios de análisis serio sobre los retos del sector para transformarse en plataformas electorales. En lugar de debatir productividad, financiamiento, infraestructura o acceso a mercados, lo que primó fue el espectáculo político de candidatos presidenciales. La SAC cruzó una línea peligrosa al intentar promover, incluso dentro de sus propias juntas directivas, a la candidata de su preferencia.

Esa desviación ha dejado daños institucionales profundos. Durante los gobiernos de Santos y Duque, la SAC obtuvo asiento en juntas directivas de entidades adscritas al Ministerio de Agricultura como Finagro y el ICA, lo cual configura un conflicto de interés evidente. Un gremio que participa en decisiones administrativas del Estado pierde objetividad. Es como si la ANDI o Asobancaria tuvieran curules en las superintendencias. Los gremios existen para defender sus afiliados, no para cogobiernar ni intercambiar cercanía política por cuotas de poder.

Los números hablan solos sobre lo que pasó mientras la SAC se distraía con elecciones. En la última década, la agricultura colombiana se estancó. El PIB agropecuario creció apenas 2,8% anual en promedio y su participación en el PIB nacional se mantuvo alrededor del 6,2%, una cifra mediocre para un país que debería tener clara vocación agrícola. La frontera agrícola no se expandió: seguimos cultivando apenas 5,5 millones de las 39 millones de hectáreas aptas. Las importaciones crecieron de 10 a 14 millones de toneladas anuales, lo que pone en riesgo la soberanía alimentaria. Más del 80% de los campesinos permanece excluido del sistema financiero, sin asistencia técnica ni riego, por eso la pobreza rural sigue por encima del 42%.

Mientras la SAC jugaba a la política, desprotegió a los agricultores frente a los atropellos. Miles de productores de maíz, yuca, algodón y caña quebraron sin que pusiera el grito en el cielo. Guardó silencio cómplice frente a invasiones, expropiaciones express y decisiones erráticas sobre jurisdicción agraria.

Lo que está pasando no es tolerable. Millones de agricultores luchan contra vías destruidas, inseguridad, extorsión, impuestos altos y decisiones errantes del gobierno. Mientras tanto, la SAC gasta tiempo y recursos en cálculo electoral. El campo colombiano no necesita que sus organizaciones gremiales jueguen a ser actores políticos. Necesita liderazgo técnico real, representación genuina y alguien que defienda sus intereses sin pedir nada a cambio.