En los campos colombianos saben bien lo que significa: entregar tierra sin título es como dar un cheque sin fondos. El Gobierno de Petro hizo de la reforma agraria su promesa estrella en campaña, la enarboló como bandera política y la convirtió en arma de propaganda. Pero cuando llegó la hora de los hechos, aquella ambiciosa reforma que prometía 3 millones de hectáreas terminó reducida a apenas 290 mil entregadas, y la mayoría de ellas sin documentación válida, sin registro oficial, sin valor real en el mercado.

Desde la perspectiva de quienes trabajan la tierra, esto representa más que un simple incumplimiento de promesas electorales. Es, en palabras de la columna de opinión, un acto de engaño: el Gobierno celebró en tarimas políticas lo que nunca consolidó en la realidad, convirtiendo la esperanza más sagrada del campesino —tener su propia tierra— en un espejismo administrativo. Se prometió soberanía y quedó la incertidumbre. Se habló de justicia y lo que se dejó fue una decepción de proporciones considerables.

El deterioro fue particularmente grave en el proceso de restitución de tierras. La fase administrativa que debía funcionar como filtro riguroso para verificar los casos antes de llevarlos a los juzgados fue desmantelada. Sin esa revisión previa, los despachos judiciales se vieron inundados con reportes de más de ocho millones de hectáreas supuestamente despojadas sin el análisis técnico necesario. El resultado fue predecible: congestión crónica de expedientes, víctimas atrapadas en trámites interminables y terceros en situación de incertidumbre que paraliza cualquier inversión. Un mecanismo pensado para reparar injusticias terminó generando desconfianza.

A esto se sumaron decisiones jurídicas cuestionadas. Tras el rechazo legislativo a ciertos procedimientos de ocupación abreviada, se recurrió a facultades extraordinarias para alterar de facto un sistema de expropiación que, por su naturaleza, debería ser regulado únicamente por ley. Lo extraordinario se volvió ordinario; la excepción se convirtió en regla. Y cuando la arquitectura jurídica cede ante la premura de atajos, lo que se degrada no es un simple trámite: es la seguridad jurídica que necesita todo el sector.

El caos catastral añadió otro problema. A través del catastro multipropósito, en varios municipios los impuestos prediales rurales aumentaron entre 200 y 1.200 por ciento, expulsando a pequeños productores de su capacidad de pago y dejando a alcaldías con recaudos inciertos. Lo que debería haber ordenado el territorio derivó en un impuesto que de facto resulta confiscatorio, rompiendo el equilibrio mínimo entre productividad, tributación y continuidad de los proyectos agrícolas.

Las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos creadas en La Guajira, Cundinamarca, Antioquia y Córdoba terminaron produciendo el efecto opuesto al anunciado: más restricciones, más confusión normativa y más pobreza en el sector. Una verdadera reforma agraria no se mide por hectáreas mencionadas en discursos políticos, sino por títulos inscritos en registros, crédito que funcione realmente, compras públicas que dinamicen la producción y seguridad jurídica que permita a los agricultores planear a largo plazo. Cuando algún día llegue una reforma seria, no necesitará megáfonos ni celebraciones en tarima: se anunciará sola en un registro actualizado, en contratos bien hechos y en jóvenes campesinos que decidan quedarse porque el campo vuelva a tener futuro.