Cuando Gustavo Petro llegó a la presidencia, tenía un compromiso claro con millones de campesinos colombianos: gobernar para quienes históricamente habían quedado por fuera. Para esos trabajadores de la tierra sin títulos formales, para familias que labran predios desde hace décadas pero que nunca pudieron demostrar legalmente que les pertenecen. La reforma agraria era la bandera que lo traería al poder. Cuatro años después, la radiografía de este proyecto muestra una realidad más compleja: hubo movimientos reales, pero también promesas incumplidas y un obstáculo legislativo que dejó la iniciativa coja.

El país arrastra una deuda centenaria con el campo. Desde 1936, cuando se expidió la Ley 200 durante el gobierno de Alfonso López Pumarejo, Colombia ha intentado sin éxito reducir la brutal desigualdad en la tenencia de tierras. La violencia, el desplazamiento forzado y la concentración de predios dejaron a millones de campesinos sin poder demostrar jurídicamente que las tierras donde trabajan son suyas. Petro se propuso cambiar esto cumpliendo lo pactado en el Acuerdo de Paz de 2016: formalizar siete millones de hectáreas y comprar tres millones más. Ninguna meta se alcanzó completamente. Sin embargo, desde el Ministerio de Agricultura reportan que para mayo de 2026 se habían formalizado dos millones de hectáreas, otorgado al menos 41 mil títulos y beneficiado a más de 116 mil familias. En cuanto a compra de tierras, la Agencia Nacional de Tierras había adquirido apenas 254 mil hectáreas, una cuarta parte de la meta propuesta.

El problema no es solo repartir lotes. Se trata de algo más profundo: crear un sistema de justicia especializada que reconozca y proteja el derecho a la tierra que campesinos han labrado durante décadas. En Colombia, cuando un agricultor tiene un conflicto territorial —un vecino que le disputa el lindero, un desplazado que quiere recuperar su predio, un documento perdido— solo puede acudir a los juzgados civiles. Esos mismos tribunales resuelven divorcios, herencias y deudas comerciales. Funcionan a horas de distancia del campo, hablan un lenguaje jurídico ajeno al mundo rural y pueden tardar años en resolver un caso. Ese es el vacío que la Jurisdicción Agraria pretendía llenar. Pero fue precisamente ese proyecto el que se cayó en el Congreso antes de terminar su periodo legislativo el 20 de junio de 2026.

La Jurisdicción Agraria no es lo mismo que la reforma agraria. Es una "pata" de ella: un sistema de jueces especializados exclusivamente en conflictos de tierra. Su función es específica: decidir quién tiene derecho sobre un predio, resolver disputas de posesión, atender reclamaciones de comunidades campesinas, indígenas o afrocolombianas, y dar salida a los miles de conflictos territoriales sin resolver. La necesidad es urgente. Según un informe de 2019, la informalidad en la tenencia de la tierra alcanzaba el 52,7 por ciento. Eso significa que más de la mitad de los predios del país viven en la incertidumbre legal. Carlos Duarte, antropólogo de la Universidad Javeriana Cali, explica que "la propuesta era técnicamente sólida y contaba con respaldo suficiente". El problema, dice, estuvo en la voluntad política. "Lo que dominó fue el ausentismo o moverlo en agendas que no se pudiera debatir", señaló Duarte. "Lo que faltó fue voluntad política de parte de los senadores de otros partidos, que yo creo ven comprometidos sus intereses agrarios".

Los obstáculos fueron múltiples. Además de la resistencia política, hubo demoras burocráticas y grupos armados que presionaban a beneficiarios para abandonar predios recién recibidos. Pero el golpe más significativo vino del Congreso. El hundimiento de la ley ocurrió por cambios en el orden del día de la Cámara que impidieron la discusión de fondo. Martha Carvajalino, ministra de Agricultura en ese momento, expresó su frustración: "Pierde quien está trabajando la tierra y no tiene acceso a un juez o un magistrado. Pierde la nación porque no tenemos cómo administrar adecuadamente los bienes públicos y los baldíos, y pierde la posibilidad de construir la paz".

Cecilia López, exministra de Agricultura que impulsó este proyecto en 2022, señala que el gobierno tuvo responsabilidad en el fracaso. Según López, el punto de conflicto fue un artículo que buscaba dar a la Agencia de Tierras facultades discrecionales para actuar sobre predios sin que los propietarios pudieran defenderse hasta después. "Entregarle esa función a una institución como la Agencia de Tierras, diciendo 'sobre este predio vamos a actuar de determinada manera', que solamente el dueño pueda responder cuando ya le ha quitado el predio, pues es una forma de expropiación exprés", explicó López a El Colombiano. Ese debate interno hizo que el proyecto no se pudiera tramitar.

El Gobierno anunció que volverá a radicar la ley el 20 de julio. Pero la realidad política cambió. El nuevo gobierno de De la Espriella no es cercano a estas reformas sociales, y parece tener otras prioridades en seguridad y salud. El Pacto Histórico, ahora en oposición, seguirá impulsando el proyecto. Lo que ocurra en el próximo Congreso dependerá de las mayorías que se formen y de si Colombia está dispuesta a darle al campo la justicia que lleva décadas esperando. Mientras tanto, el campo sigue esperando.