Cuando Miguel Uribe Turbay cayó acribillado en el parque El Golfito la tarde del 7 de junio, nadie en ese momento imaginaba que detrás de esos ocho disparos había una maquinaria criminal que se había puesto en movimiento semanas antes desde territorios lejanos. El senador de 39 años, quien aspiraba a la presidencia, fue trasladado de urgencia a la Clínica Medicentro. Su equipo, cubierto aún de sangre, esperaba noticias que nunca serían alentadoras. Dos meses después, el 11 de agosto, Uribe falleció tras la batalla por su vida. Lo que parecía un ataque violento más en la capital terminó siendo algo mucho más grave: un crimen político orquestado desde los niveles más altos de una disidencia de las Farc.

La Fiscalía, que creó un equipo especial apenas dos días después del atentado con la Dijín y el CTI, ha logrado reconstruir toda la operación. Confirmaron hace poco que la Segunda Marquetalia fue quien ordenó el magnicidio con el propósito de "generar un impacto directo sobre la democracia y el escenario político del país". No fue un crimen aislado ni improvisado. Fue una decisión tomada en los escalones más altos de esa estructura criminal, con Iván Márquez, alias el Zarco Aldinever, como uno de los nombres centrales. La planeación ocurrió en zonas de frontera, principalmente en Venezuela, donde históricamente se han refugiado los principales cabecillas de esta disidencia.

Desde esos territorios fronterizos, la orden criminal bajó a través de Henry Telles, integrante del Frente 53 de las antiguas Farc. Su rol fue traducir la directriz en un plan ejecutable: coordinar logística, conseguir recursos y establecer los contactos necesarios. Así nació lo que la Fiscalía describe como un "outsourcing criminal", una red de delincuentes urbanos en Bogotá encargada de materializar lo que se había ordenado arriba. En ese nivel operativo están Simeón Pérez Marroquín, alias El Viejo, quien planificó el ataque, y Elder José Arteaga Hernández, alias El Costeño, quien movió las fichas en las calles capitalinas.

El Costeño fue quien orquestó cada detalle. El 2 de junio contactó a un motociclista y le pidió algo escalofriante: conseguir a alguien menor de edad para ejecutar el homicidio. Cuatro días después, el 6 de junio, en una videollamada apareció con un joven de 15 años que sería el gatillero. "A él es al que usted va a sacar mañana", le dijo al motociclista, indicándole que su tarea era facilitar la fuga. El 7 de junio todo estaba listo. El Costeño impartió las últimas instrucciones y envió 20 mil pesos por Nequi para abastecer la moto. La precisión de esta operación revela una estructura criminal disciplinada y jerarquizada.

Hoy la Fiscalía tiene reconstruida esa cadena completa: desde la orden en la Segunda Marquetalia, pasando por Henry Telles como enlace, hasta la ejecución de la red urbana dirigida por El Costeño. Una arquitectura criminal en varios pisos que explica cómo se gestó uno de los crímenes más graves en Colombia de los últimos años. La justicia ha identificado a nueve personas involucradas, todas privadas de la libertad. Tres de ellas ya fueron condenadas mediante preacuerdos: El Viejo a más de 22 años de prisión, Carlos Mora González a 21 años por vigilancia y apoyo logístico, y Katherine Andrea Martínez a más de 21 años por participar en la planeación y recoger el arma del atentado.

Lo que sigue sin despejarse es la pregunta fundamental: ¿por qué Miguel Uribe? La Fiscalía sostiene que fue un crimen político diseñado para impactar las elecciones y la democracia, pero hasta ahora no ha revelado cuáles fueron las razones concretas que lo convirtieron en blanco de esta operación. Es el misterio que flota sobre todo este caso: quién decidió, en qué momento y por qué razones exactas, que el senador debía morir.