En medio de la tensión desatada por la suspensión del aumento salarial, la cúpula de la Rama Judicial salió con un mensaje directo este martes. Los presidentes de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Corte Constitucional, el Consejo Superior de la Judicatura, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, junto con el fiscal general y el representante de los servidores judiciales, emitieron un comunicado conjunto pidiendo que se respeten las decisiones de los jueces.

Aunque el documento no menciona explícitamente el caso del salario mínimo, el timing no deja duda de su intención. La Comisión Interinstitucional recordó que las decisiones judiciales "son el resultado de las actuaciones sometidas a reglas procesales, garantías fundamentales y principios de independencia y autonomía judicial, pilares esenciales del Estado Social y Democrático de Derecho". Además, enfatizó que estas decisiones "se rigen únicamente por el marco jurídico que configuró la Constitución, orientado a garantizar la paz, promover la inclusión y ampliar el acceso a la justicia".

Todo esto se da después de que el Consejo de Estado suspendiera provisionalmente el incremento del salario mínimo para 2026, una medida que generó malestar en el Gobierno, los sindicatos y varios dirigentes políticos. El presidente Gustavo Petro respondió el domingo pasado con un discurso peculiar: dijo "aceptar" la decisión judicial pero al mismo tiempo convocó a sus seguidores a salir a las calles para rechazarla y defender el aumento del 23,7 por ciento que había propuesto.

Petro fue claro en sus palabras: "Voy a aceptar tener un decreto transitorio, vamos a aclarar la situación con el magistrado, pero el tiempo será mayor a los ocho días, ya que pediremos unas aclaraciones". Luego añadió que "entregaremos toda la información al magistrado. No nos equivocamos, pero puede modificarse el porcentaje con base en las realidades económicas". Desde la Presidencia también dejaron clara su postura: "defenderemos el salario de las y los trabajadores en los estrados judiciales y en las calles".

La respuesta de la Rama Judicial no se hizo esperar. En su comunicado, la Comisión fue enfática al señalar que "las discrepancias o inconformidades frente a estas decisiones judiciales deben tramitarse a través de los mecanismos y recursos previstos en el ordenamiento jurídico, dentro de las vías institucionales establecidas para tal fin desde la misma Constitución". El mensaje es claro: si el Gobierno no está de acuerdo con las decisiones judiciales, hay caminos legales para impugnarlas, pero no es mediante llamados a movilizaciones.

La Comisión cerró su comunicado reafirmando su "compromiso con el cumplimiento de la Constitución y la ley, la transparencia en sus decisiones y la protección de los derechos de todas las personas". Con esto, la Rama Judicial deja en claro que no tolerará que sus fallos sean cuestionados por fuera de los marcos institucionales, independientemente de quién sea quien lo haga.