El presidente Gustavo Petro volvió a enfrentarse públicamente con la Rama Judicial. A través de su cuenta de X, el mandatario pidió "demandar" al magistrado Juan Enrique Bedoya, ponente en el caso, y aseguró que el Consejo de Estado "no tiene ninguna legitimidad" para detener el traslado de veinticinco billones de pesos de los fondos privados de pensiones a Colpensiones. Sin ofrecer pruebas, Petro afirmó que el tribunal actuó "a favor del interés de los banqueros y en contra del interés general". También acusó al consejero de incurrir en prevaricato.

Las palabras del presidente contenían algunas imprecisiones técnicas. Según el lenguaje jurídico, un auto es una decisión de trámite que toma un ponente, no una sentencia de fondo. De la misma forma, un delito no se demanda sino que se denuncia. El magistrado Bedoya analiza actualmente cinco demandas contra el decreto que buscaba hacer la transferencia billonaria.

La respuesta de la Rama Judicial no se hizo esperar. La Comisión Interinstitucional, conformada por las altas cortes, la Fiscalía y representantes de empleados judicales, emitió un comunicado conjunto rechazando los cuestionamientos del presidente. El tribunal y el ente acusador enfatizaron que debe respetarse la separación de poderes. "Fue justo nuestro poder constituyente", refiriéndose al pueblo, según expresó la misiva, el que "instituyó, como un elemento central de nuestra estructura institucional, en el artículo 113, el principio de separación de poderes". El comunicado también recordó que la Constitución contempla la facultad de suspender actos administrativos como resoluciones o decretos del Ejecutivo, parte de los "controles efectivos al ejercicio del poder público".

El nudo del problema está en lo técnico: el Consejo de Estado halló que aún no existe el Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo, una cuenta especial que el Banco de la República debe gestionar para respaldar las cotizaciones. La Ley 2381, que regulaba este fondo, fue suspendida por la Corte Constitucional. Sin embargo, el Decreto 415 establecía que toda la plata de los fondos privados iría a Colpensiones, pese a que la propia reforma pensional del Gobierno indicaba que los recursos debían ser responsabilidad del Fondo. El magistrado Bedoya consideró que el Gobierno se excedió en sus facultades al intentar sortear por decreto lo que la ley determinaba.

El procurador general, Gregorio Eljach, también se pronunció en respaldo a la Rama Judicial. El Ministerio Público exigió "respeto incondicional por la independencia de los poderes" y recordó que toda autoridad está obligada a acatar las providencias judiciales. Este no es el primer encontronazo entre Petro y los tribunales. En febrero pasado, cuando el presidente convocó a marchar por la suspensión provisional del salario mínimo de 2026, la Comisión Interinstitucional ya había llamado a respetar las decisiones judicales y a acudir a canales ordinarios para resolver discrepancias.

El traslado de los veinticinco billones era central en la implementación de la reforma pensional que promovió el Gobierno. Sin esos recursos, Colpensiones asume obligaciones pensionales sin recibir el dinero que seguía generando rendimientos en los fondos privados. Más de veintidós mil personas ya se habían trasladado a Colpensiones, y otros noventa y siete mil afiliados estaban en proceso, bajo las reglas de la ventana pensional que permite cambiar de régimen a quienes les falten menos de diez años para pensionarse. Ahora, con la suspensión, esa estrategia quedó en el aire mientras la Corte Constitucional mantiene congelada la mayor parte de la reforma pensional.