La Procuraduría avanzó esta semana en el caso que ha marcado a Colombia: convocó formalmente para el próximo miércoles 27 de mayo a una audiencia de conciliación entre el Estado, Nueva EPS y la familia de Kevin Arley Acosta Pico, el pequeño de siete años que padecía hemofilia A severa y murió por lo que se considera fueron fallas graves en la atención de salud. Yudy Katherine Pico, la madre del menor, tendrá la oportunidad de sentarse frente a los organismos acusados en busca de un acuerdo que cierre este capítulo de dolor.

La decisión de la Procuraduría se basa en sus propias conclusiones: después de revisar el caso a fondo, el ente de control determinó que la muerte del niño no fue inevitable. Según el análisis, fue resultado directo de la negligencia y falta de atención oportuna por parte de Nueva EPS en la gestión de la enfermedad. También fueron citados a esta audiencia el Ministerio de Salud, el Dapre y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

En lo económico, la familia estructuró una propuesta de indemnización de aproximadamente 923,26 millones de pesos para esta instancia de conciliación, aunque en una demanda formal pediría más de 1.800 millones. La cifra busca reparar el daño moral y material sufrido por todo el núcleo familiar: Yudy Katherine reclama más de 175 millones, mientras que los hermanos y la abuela materna del niño, Carmen Naranjo, solicitan cada uno indemnizaciones cercanas a 87 millones de pesos. Los abogados William Mejía y el exministro Wilson Ruiz, que representan a la familia, han expresado su disposición total para cerrar el caso a través del diálogo.

Pero mientras avanza este proceso, el presidente Gustavo Petro ha generado una tormenta mediática. Durante un Consejo de Ministros, el mandatario apuntó contra el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, acusándolo de ocultar el informe de la necropsia del menor. "Medicina Legal es la que sabe por qué murió y no entrega el informe", dijo Petro, cuestionando además si realmente fue culpa de Nueva EPS.

Las palabras del presidente causaron revuelo inmediato, pero Medicina Legal no se quedó callada. El doctor Ariel Emilio Cortés, director del Instituto, salió al paso con un pronunciamiento claro: "El Instituto, como auxiliar de la justicia, no tiene potestad de entregar resultados de las necropsias sin orden judicial a entidades o personas naturales. Estos solo se entregan a las autoridades competentes de adelantar las investigaciones". Explicó que se trata de un marco legal que regula su actuación, no de un ocultamiento.

Con esto, el caso de Kevin Acosta quedó nuevamente en el centro del debate público, pero ahora con la familia esperando que la audiencia del 27 de mayo traiga justicia y reparación después de una tragedia que ha resquebrajado a todo un país.