Las grietas internas del Gobierno se hicieron visibles esta semana cuando desde la Casa de Nariño tuvieron que frenar en seco a Carlos Carrillo, el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. El funcionario había estallado contra la designación de Daniel Quintero como superintendente de Salud, disparando críticas directas en redes sociales que incomodaron al presidente Gustavo Petro y su equipo de comunicaciones.

Todo comenzó el 1 de mayo cuando Carrillo publicó un mensaje en X dirigido directamente al Presidente. El director de la UNGRD no se mordió la lengua: cuestionó la idoneidad de Quintero para el cargo y expresó su preocupación por su posible influencia en el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio. Con una dureza poco común en un funcionario público, Carrillo escribió que "Quintero llegará al Fomag a hacer show y a ganar indulgencias con padrenuestros ajenos. Nadie en el país va a creer que quien tuvo cuotas en la UNGRD de Olmedo López es un adalid anticorrupción. Presidente, rodee a los suyos, no a los oportunistas". Además, vinculó al exalcalde de Medellín con las irregularidades históricas que ha arrastrado la UNGRD.

La respuesta no tardó en llegar. Andrés Hernández, jefe de Comunicaciones Estratégicas de la Presidencia, respondió públicamente en la misma red social con un tono que dejaba claro quién manda aquí. Hernández le recordó a Carrillo la Directiva Presidencial No. 3 de 2026 y le pidió que "sus comunicaciones y declaraciones sean manejadas de forma interna y no generando algún tipo de controversia sobre las decisiones del señor Presidente".

Lo que está en juego detrás de este roce es la política de vocería única que el presidente Petro intenta mantener bien apretada. Según los lineamientos que rigen en la administración, los funcionarios no deben airear sus discrepancias en redes sociales, sino discutirlas en consejeros de ministros o mesas de trabajo. Además, cada cabeza de entidad debe enfocarse en su propio sector y respetar que los nombramientos son decisión exclusiva del Presidente, no un asunto para debate público entre subordinados.

El incidente expone las tensiones que bullen bajo la superficie de un Gobierno que busca proyectar unidad, pero donde algunos funcionarios, como Carrillo, ven riesgos reputacionales en decisiones ya tomadas desde la cúpula.