Hay una batalla política ardiente alrededor de la erradicación manual de cultivos de coca en Colombia, pero los números y las explicaciones detrás de ellos son más complejos de lo que parece a primera vista. La senadora Paloma Valencia lanzó una acusación contundente: durante tres años consecutivos el Gobierno no ha contratado servicios de erradicación manual, y bajo la administración Petro las cifras se desplomaron en un 92 por ciento, alcanzando los niveles más bajos desde 2010. El problema es que esta versión no cuenta la historia completa.

Resulta que sí hubo erradicación manual durante estos años y también ocurrieron contrataciones, según explican fuentes del Ministerio de Defensa consultadas por EL COLOMBIANO. Lo que pasó fue diferente: el Gobierno redujo deliberadamente sus metas. Ana María Rueda, coordinadora de análisis de política de drogas en la Fundación Ideas para la Paz, lo explicó de esta manera: "A pesar de que la erradicación en Colombia ha bajado muchísimo durante el gobierno de Petro, la poca erradicación que se hace sí se realiza a través de grupos de erradicación. Es decir, tradicionalmente el Gobierno colombiano la ha ejecutado a través de la Fuerza Pública, con énfasis en la Policía Antinarcóticos, pero también contrata civiles para esas labores, y eso nunca ha dejado de ocurrir. Lo que sí ha pasado es que la erradicación se ha reducido al mínimo, pero la contratación de grupos siempre ha estado dentro del plan de trabajo del Gobierno".

Los números son innegables. En 2022 se erradicaron 68.893 hectáreas; en 2023 la cifra bajó a 20.325; en 2024 apenas llegó a 9.403, y en 2025 fueron solamente 8.051 hectáreas. Detrás de esta caída hay un cambio de filosofía en la lucha antidrogas. El Gobierno decidió dejar de apuntar contra el campesino cultivador y concentrar sus esfuerzos en las redes de narcotraficantes, los laboratorios clandestinos y los cargamentos de cocaína. El presidente Petro ha defendido esta posición públicamente, argumentando que la "guerra contra las drogas" fracasó y que perseguir campesinos nunca resolvió el negocio del narcotráfico.

Lo que complicó todo fue que varias licitaciones para conformar los llamados Grupos Móviles de Erradicación terminaron fracasando. En 2024 se abrió una licitación por más de 78 mil millones de pesos que quedó desierta porque ningún oferente cumplió los requisitos. Lo mismo sucedió en 2025 con otra por 56 mil millones. Ahora hay un nuevo proceso en marcha para 2026 por cerca de 60 mil millones. Valencia denunció que existe una queja ante la Procuraduría advirtiendo que funcionarios de la Dirección de Antinarcóticos estarían saboteando intencionalmente estos contratos.

Pero hay más problemas que van más allá de la política. En noviembre de 2023, erradicadores que trabajaban en la serranía del sur de Bolívar denunciaron atrasos en los pagos de salarios, deficiencias en la alimentación y presuntas irregularidades en las operaciones. Uno de los trabajadores relató: "Desde hace tres contratos para acá siempre ha sido lo mismo: uno le pregunta a los coordinadores y no dan respuesta concreta; a veces le contestan a uno con groserías". Incluso hubo denuncias de que en ciertos casos las plantas de coca no eran arrancadas completamente, sino apenas dobladas, lo que hacía inefectiva la erradicación.

Mientras Valencia cuestiona por qué el Gobierno supuestamente no quiere contratar, el Ejecutivo sostiene que en septiembre de 2025 abrió un proceso para conformar 38 Grupos Móviles de Erradicación en 11 zonas afectadas por cultivos ilícitos, con salarios cercanos a los 3 millones mensuales por erradicador. Eso es muy lejos de las cifras que manejaba el gobierno Duque, que logró erradicar 130.147 hectáreas en 2020 y 103.257 en 2021.

Al final, detrás de las licitaciones fallidas no hay solo una pelea entre Gobierno y oposición. Hay también una discusión profunda sobre cuál debe ser realmente el papel de la erradicación manual en la estrategia antidrogas del país, cómo se deben contratar estos servicios bajo qué condiciones, y si atacar cultivos es la herramienta correcta cuando hay problemas estructurales más complejos. La licitación de 2026 será reveladora: si vuelve a fracasar, quedará claro que el Gobierno no quiere mantener este mecanismo. Si se adjudica, entonces surgirá la pregunta incómoda sobre qué tan importante seguirá siendo la erradicación manual en una administración que cambió radicalmente las reglas de la lucha contra las drogas.