En plena cuenta contra las irregularidades en el sistema penitenciario colombiano, la Procuraduría General tomó cartas en el asunto. Este jueves anunció que formuló cargos contra ocho funcionarios del INPEC por lo que sucedió entre el 19 y el 26 de septiembre de 2022 en La Picota, el complejo carcelario de Bogotá. Todo ocurrió durante la celebración del día de la Virgen de las Mercedes, patrona de los presos.

Lo que se presenta como un acto de devoción religiosa terminó siendo un escándalo de seguridad. Según la investigación del ente de control, en el pabellón de alta seguridad donde se encuentran los reclusos solicitados en extradición se organizaron conciertos sin autorización alguna. Y no eran cualesquiera: presentaciones en vivo de artistas de la música vallenata como Ana del Castillo, el 'Mono' Zabaleta y 'Churo' Díaz. La revista Semana y videos grabados por los mismos reclusos expusieron una celebración que se salió completamente de control durante varios días, con botellas de licor importado, mesas de apuestas y la asistencia de capos del narcotráfico.

Quien llevaba la responsabilidad del establecimiento era Carlos Hernán Camacho, director encargado al momento de los hechos. Pero no fue el único. También enfrenta cargos el capitán de prisiones Luis Francisco Gómez Benítez y seis dragoneantes (guardias de seguridad): Blademir Sambony Suárez, Luis Francisco Ortegón Ortegón, Oscar Jiménez Idárraga, Diego Alejandro Segura Fandiño, Jonathan Suárez Cortés y Ediuth Alexander González.

Según la Procuraduría, "los disciplinados habrían permitido el ingreso de elementos prohibidos al pabellón de alta seguridad como bebidas alcohólicas, cigarrillos, equipos de sonido y de comunicación, dinero en efectivo, sustancias alucinógenas, la realización de conciertos y de juegos de azar dentro del establecimiento penitenciario". El Ministerio Público considera que estos hechos "podrían constituir una grave vulneración de los protocolos de seguridad y del reglamento del régimen penitenciario", algo particularmente grave tratándose de un pabellón que requiere controles rigurosos por albergar a los criminales más peligrosos.

La entidad de control señaló que los funcionarios desconocieron sus responsabilidades y las normas que rigen el manejo de objetos permitidos y restringidos en las cárceles. Para la Procuraduría, la supervisión efectiva del sistema penitenciario es fundamental para mantener la seguridad, garantizar el respeto por la ley y preservar la confianza que los colombianos deben tener en las instituciones del Estado.