La apuesta por la "Paz Total" que el gobierno Petro impulsó hace casi cuatro años terminó siendo un fracaso. En lugar de lograr que los grupos ilegales entregaran las armas, la estrategia les abrió espacios y tiempo para fortalecerse y expandir sus operaciones, mientras los colombianos enfrentan extorsiones, masacres y ataques contra policías y soldados.

El balance es preocupante. Las disidencias de las Farc pasaron de 3.279 a más de 4.000 miembros, y la cifra total de integrantes de grupos armados ilegales hoy supera los 27.000, lo que representa un aumento del 23,5 por ciento solo en 2025. Esto sucede a pesar de que el gobierno destinó más de 100 mil millones de pesos para financiar estos procesos de paz. Además, cuatro de cada diez personas que participaron como gestores de paz volvieron a involucrarse en actividades delictivas.

La violencia contra la Fuerza Pública se ha intensificado de manera alarmante. Se han registrado más de 400 ataques con drones en menos de dos años, dejando decenas de uniformados muertos y cientos de heridos. En este mismo período, asesinaron a más de 330 militares y policías. Ya en el primer trimestre de 2026, se documentaron 35 masacres en el país.

El panorama refleja una realidad difícil: sin la autoridad firme del Estado, el narcotráfico y la extorsión continúan expandiéndose, afectando directamente a familias y comerciantes en todo el territorio. Colombia necesita instituciones robustas y una Fuerza Pública con respaldo claro para recuperar el control y la seguridad que los ciudadanos reclaman a gritos.