La administración municipal de La Paz está en una encrucijada: tiene la orden del juzgado para iluminar la vía hacia Valledupar, pero las arcas locales no alcanzan para hacerlo rápido. El problema no es de voluntad sino de realidad presupuestal. Catalogado como municipio de sexta categoría, La Paz simplemente no tiene los recursos suficientes para ejecutar de manera inmediata la sentencia que en febrero de 2026 ordenó instalar alumbrado público en ese corredor vial.

Edgardo Aroca, secretario de Planeación, fue claro en explicar los antecedentes. El fallo judicial respondió a una acción popular que buscaba reducir los riesgos de inseguridad y accidentes viales causados por la oscuridad en esa zona. Aunque suena lógico, la realidad financiera es otra: el municipio ya logró completar una primera fase de un kilómetro, pero expandir todo el sistema de iluminación demanda inversiones que escapan del alcance municipal.

Por eso la Alcaldía anunció su estrategia de búsqueda de apoyo externo. Solicitarán cofinanciación formal ante el Gobierno nacional y ante la Gobernación del Cesar. Además, programarán mesas de trabajo con el juzgado y las entidades involucradas para ajustar los cronogramas de ejecución de las obras. La administración también trabaja junto con la concesión de alumbrado público para calcular exactamente cuánto costará instalar las redes energéticas y las luminarias que hacen falta.

Por ahora, la luz llega hasta una urbanización en la margen derecha de la vía. Pero Aroca fue honesto: para que el servicio sea eficiente y continuo en ambos sentidos de la avenida, La Paz necesita que llegue dinero de afuera. Sin eso, la sentencia seguirá siendo un papel sobre el escritorio mientras los conductores siguen navegando a oscuras por esa ruta.