La política de "Paz Total" del gobierno de Gustavo Petro buscaba reducir la confrontación armada generando espacios para negociar con grupos ilegales. Pero una investigación de la Universidad de los Andes, divulgada por El Tiempo, pone en cuestión los resultados que dejó esa estrategia en varias regiones del país. Los economistas Daniel Mejía, Juan Fernando Vargas y Andrés Rivera analizaron cómo se comportaron diferentes indicadores de violencia antes y después de los ceses al fuego implementados entre 2022 y 2023, y los números pintan un panorama preocupante.

En los territorios donde operaban grupos cobijados por esas medidas, la realidad de los civiles empeoró. La extorsión creció 337%, las amenazas contra la población civil aumentaron 70%, el reclutamiento forzado de menores se incrementó 168% y los indicadores de gobernanza criminal (el control que ejercen grupos armados sobre territorios) subieron 32%. Estos efectos fueron más visibles en municipios donde hacían presencia las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo. Según los investigadores, "Los grupos explotaron el cese al fuego para consolidar el control territorial mediante formas menos visibles de coerción".

Lo paradójico es que mientras los civiles sufrían estas formas de violencia, los enfrentamientos entre la Fuerza Pública y los grupos armados bajaron 73%, y las bajas en combate de los insurgentes cayeron 46%. Para los autores, esto refleja que con menos presión estatal, las organizaciones dedicadas principalmente a actividades ilegales aprovecharon el respiro para afianzarse en sus territorios. Las operaciones contra narcotráfico y minería ilegal no mostraron cambios significativos, sugiriendo que tampoco hubo avances reales en esos frentes.

Los números corroboran esta conclusión. Según información documentada por El Colombiano, el Clan del Golfo (que se autodenomina Ejército Gaitanista de Colombia) pasó de aproximadamente 4.500 combatientes en 2022 a cerca de 10.000 actualmente, un aumento del cien por ciento. Su influencia territorial también se duplicó: de 165 municipios en 2022 pasó a 338 municipios en 2025, con redes activas en 23 departamentos. Ahora es la organización criminal más grande del país. La Contraloría General de la República también alertó que los actores armados ilegales expandieron su presencia de 195 municipios en 2019 a 518 en 2025, un crecimiento superior al 165%.

Los investigadores señalan que negociar con organizaciones cuyo objetivo principal es obtener rentas ilegales presenta desafíos distintos a los procesos de paz con grupos insurgentes de carácter político. Cuando disminuye la presión militar sobre estructuras criminales, estas tienden a fortalecer su control territorial y aumentar sus ingresos ilícitos. Exactamente lo que pasó.

¿La solución? Los autores plantean que futuros ceses al fuego deben incorporar sistemas independientes de monitoreo y verificación. Según sus cálculos, aumentar en un 50% la capacidad para detectar delitos como extorsión, amenazas y reclutamiento de menores permitiría neutralizar los efectos negativos observados. El estudio deja clara una lección: negociar con grupos armados requiere no solo voluntad política, sino también mecanismos de supervisión efectivos que protejan a la población civil mientras avanzan los diálogos.