Más de 10.000 colombianos podrían estar trabajando como mercenarios en conflictos armados alrededor del mundo, según alertó este viernes el Grupo de Trabajo sobre Mercenarios de la ONU. La cifra, resultado de 11 años de investigación, revela una realidad compleja que tiene a ciudadanos colombianos desplegados en lugares tan distantes como la República Democrática del Congo, Ucrania, Sudán, Yemen y Rusia, realizando labores de combate o seguridad privada.

Michelle Small, presidenta del Grupo de Trabajo sobre la utilización de mercenarios, señaló durante una rueda de prensa que "el fenómeno de ir al extranjero a combatir o a apoyar operaciones de seguridad va en aumento y plantea varios retos para las autoridades". Los datos fueron recopilados en reuniones realizadas entre marzo en Bogotá, Cali y Medellín con autoridades y familias de colombianos reclutados. Según la ONU, los colombianos figuran entre los más demandados globalmente, especialmente aquellos con experiencia militar previa, y también son contratados para operaciones de crimen organizado en México y Brasil, además de ofrecer servicios de seguridad en Ecuador, Perú y Haití.

Lo que explica este reclutamiento es una mezcla peligrosa de factores. Los salarios ofrecidos, entre 2.000 y 6.000 dólares mensuales, resultan atractivos comparados con las oportunidades laborales limitadas en el país. Pero lo más preocupante es cómo se realiza el reclutamiento: a través de Facebook, Instagram, Telegram, TikTok y WhatsApp, por intermediarios que van desde empresas de seguridad privada hasta agencias de viajes y particulares sin regulación.

El lado oscuro de este fenómeno es lo que los expertos de la ONU llaman reclutamiento engañoso o predatorio. Muchos colombianos reciben contratos poco claros, redactados en idiomas que no comprenden, donde no se especifican las funciones reales. Small explicó que en ocasiones solo conocen los detalles cuando ya están en el país de destino, enfrentándose entonces a condiciones de explotación laboral: restricción de movimiento, funciones de combate distintas a las prometidas y, en casos extremos, retención sin posibilidad de regresar a casa.

Pese a estas alertas preocupantes, la ONU reconoció el reciente paso del gobierno colombiano al ratificar, bajo la firma del presidente Gustavo Petro, la Convención Internacional contra el mercenarismo de 1989. El organismo pidió acelerar la revisión de esta ley por la Corte Constitucional e implementarla efectivamente. Colombia, precisó el Grupo de Trabajo, ha vivido más de seis décadas de conflicto armado, lo que ha dejado una gran población de personas con entrenamiento militar disponible para ser reclutada. El informe completo será presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en septiembre de 2026.