La historia de Kevin Acosta es la historia de un Estado que prometió cuidar a sus ciudadanos y faltó. Aquel niño de siete años, diagnosticado con hemofilia tipo A severa, falleció el 13 de febrero de 2026 después de caerse de una bicicleta. No fue el accidente lo que lo mató. Fue la falta de medicamento, la dilación en el traslado a un hospital con capacidad de atender su caso, y la negligencia institucional que lo dejó sin protección. Kevin llevaba aproximadamente dos meses sin recibir su medicación profiláctica, un tratamiento esencial para prevenir hemorragias en pacientes como él. Murió mientras su EPS, la Nueva EPS, atravesaba una intervención del Gobierno que en lugar de resolverla, la hundió más.

Lo que pasó después de su muerte fue el golpe final. El ministro de Salud cuestionó a la madre por permitir que el niño montara bicicleta. Es decir, culpó a la familia por no poder garantizar lo básico el Estado. También hicieron pública la historia médica de Kevin sin permiso de quienes lo amaban. Cuando un Gobierno no responde, señala a los más vulnerables. Así intenta lavarse las manos.

Pero Kevin no es una excepción. Los números lo confirman. De acuerdo con la Superintendencia de Salud, en las ocho EPS intervenidas por el Gobierno Nacional los reclamos de pacientes aumentaron 51,4% entre 2023 y 2025. No son quejas aisladas. Son historias de medicamentos que no llegan, citas que nunca se asignan, procedimientos que se aplazan indefinidamente. Los reclamos pasaron de 623.636 en 2022 a 944.072 en 2025. Mientras el Gobierno intervenía, el caos crecía.

La Nueva EPS, con cerca de 10 millones de afiliados, es la aseguradora más grande del país y la que más se ha deteriorado. Entre 2022 y 2025, sus reclamos aumentaron 76%, escalando de 197.293 a 369.243. Pero hay algo más grave aún: esas EPS intervenidas tienen deudas monumentales con hospitales y clínicas. Solo la Nueva EPS debe alrededor del 55% de la cartera vencida del sistema, una cifra que ronda los 11,5 billones de pesos. Sin dinero, sin medicamentos, sin respuestas, los colombianos no tienen opción: acuden a los jueces. Por eso las acciones de tutela se dispararon. La Corte Constitucional reporta que 2025 cerró con un máximo histórico, con un aumento cercano al 350% frente a 2021.

La raíz del problema está en la Unidad de Pago por Capitación (UPC). Es el dinero que el Estado gira a las EPS por cada afiliado para cubrir su atención en salud durante el año. Es la plata con la que se compran medicamentos, se hacen consultas, se practican cirugías. Si esa cifra no alcanza, el sistema colapsa. Para 2026, el Gobierno incrementó la UPC apenas 9,03%, aunque estudios técnicos advertían que los costos crecían muy por encima de esa cifra. ACEMI señaló que el aumento necesario superaba el 17%. Desde el presupuesto mismo dejaron al sistema funcionando con un faltante estructural.

Año tras año, esa brecha se convirtió en una deuda imposible de pagar. El rezago acumulado alcanza los 33,4 billones de pesos. Cuando no hay recursos suficientes, todo se paraliza: las EPS retrasan pagos, los hospitales no reciben su dinero, y los pacientes sienten el vacío en lo más básico. Hasta la Corte Constitucional concluyó en el Auto 007 de 2025 que los incrementos fijados por el Ministerio eran insuficientes para garantizar los estándares mínimos de calidad. Pero el Ministerio dilató su cumplimiento mientras el deterioro avanzaba.

El resultado es lo que miles de colombianos viven hoy: familias sin medicamentos, pacientes sin citas, gente muriendo por negligencia institucional. Kevin Acosta pagó con su vida el desorden que el Gobierno sembró en el sistema de salud. No murió por su enfermedad. Murió porque el Estado desordenó todo, lo negó, y terminó culpando a su madre para ocultar su propio fracaso. Mientras siga así, el riesgo es que Kevin no sea el último.