La minería colombiana está pasando por uno de sus períodos más difíciles en décadas. Esa fue la conclusión principal que dejó el encuentro que sostuvieron los gremios de La Guajira con el presidente de la Asociación Colombiana de Minería en Riohacha esta semana. Lo que está en juego no es apenas un debate sobre qué modelo energético debe tener el país, sino la supervivencia económica de regiones enteras que han construido su desarrollo alrededor del carbón.

Juan Camilo Nariño, durante ese conversatorio, puso sobre la mesa una verdad incómoda: Colombia está metida en un proceso de transición energética sin tener una ruta clara, sin protecciones reales para los trabajadores y sin un plan concreto que permita reemplazar gradualmente los ingresos que hoy genera el sector carbonífero. La reciente decisión del presidente Gustavo Petro de prohibir la exportación de carbón a Israel, más allá del mensaje político y diplomático, envía una señal preocupante a los inversionistas internacionales. El país aparece ante el mundo como un lugar donde las reglas pueden cambiar de la noche a la mañana según las coyunturas políticas, sin que nadie analice a fondo las consecuencias económicas, legales y sociales que eso genera.

En La Guajira y Cesar, donde la minería siempre ha sido el corazón de la economía, esa incertidumbre se traduce en miedo concreto para miles de familias. En La Guajira, la mina Cerrejón sigue siendo uno de los mayores empleadores formal de la región, con más de 12 mil trabajadores directos e indirectos que dependen de su operación. Cada restricción anunciada, cada declaración ambigua y cada señal de cierre acelerado golpea la confianza de los empresarios y, naturalmente, la tranquilidad laboral de quienes viven de este trabajo.

El caso de Prodeco en el Cesar es una lección que el país no puede ignorar. El cierre gradual de esa operación dejó cicatrices profundas: miles sin empleo, municipios con ingresos municipales hundidos, una caída dramática en regalías y una economía local que entró en picada porque durante años todo giraba alrededor de la minería. Hasta hoy, las promesas de reconversión laboral siguen siendo eso: promesas sin resultados tangibles.

Lo que verdaderamente asusta es que Colombia parece estar desmontando la industria del carbón sin haber construido antes alternativas económicas de verdad. La transición energética no puede ser sinónimo de destrucción laboral. Debe ser un proceso técnico, responsable y que se haga de acuerdo con los actores implicados. Cerrar minas sin abrir nuevas oportunidades no es transición: es improvisación. Y como siempre, esa improvisación la pagan las regiones más pobres y los trabajadores que mañana saldrán a las calles a protestar, sin tener alternativas verdaderas que eviten una catástrofe laboral.