En los últimos dos años y siete meses, la disidencia de las Farc que comanda Alexánder Díaz Mendoza, conocido como "Calarcá", ha acumulado un historial de crímenes que en cualquier otro contexto habría derribado por completo una negociación de paz. Sin embargo, en Colombia sigue siendo protegida por la Casa de Nariño. El presidente Gustavo Petro se ha empeñado en resguardar a toda costa la mesa de diálogos con esta organización, denominada Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF), hasta el punto de preparar una Zona de Ubicación Temporal en el municipio de Tibú, Norte de Santander, para concentrar combatientes, sin contar con el marco legal necesario para una desmovilización ordenada.

La Presidencia continúa presionando a la Fiscalía para mantener suspensas las órdenes de captura contra "Calarcá" y sus comandantes, pese a las denuncias constantes de comunidades que han sufrido desplazamiento forzado, reclutamiento ilegal, extorsión, desapariciones y asesinatos. Mientras tanto, la Fuerza Pública permanece atada de manos por las restricciones impuestas por la mesa de negociación, sin poder responder a emboscadas que dejan soldados y policías muertos. Para dimensionar el nivel de tolerancia que el Gobierno ha mostrado hacia los delitos del EMBF, basta comparar con otros grupos armados. El ELN fue sancionado cuando atacó una base militar en Arauca el 17 de septiembre de 2024, causando dos muertos y 25 heridos. El Estado Mayor Central fue suspendido en marzo de 2023 por atropellos, reclutamientos y la muerte de una líder indígena. Sin embargo, los crímenes del EMBF superan por mucho en gravedad a los de esos grupos, según las evidencias.

El primer incidente perdonado ocurrió el 23 de julio de 2024, cuando una caravana de la Unidad Nacional de Protección que transportaba a 13 miembros del EMBF fue interceptada en Antioquia. En el vehículo viajaban un adolescente reclutado forzadamente, armas sin documentación, oro y dinero en efectivo. "Calarcá" estaba entre los detenidos, pero gracias a la presión de la Casa de Nariño y una resolución de la fiscal General Luz Adriana Camargo, ocho de los involucrados fueron dejados en libertad al ser reconocidos como negociadores de paz.

Apenas dos días después de que Petro extendiera un cese al fuego el 25 de abril de 2025, el bloque Jorge Briceño del EMBF ejecutó una emboscada contra un pelotón del Ejército en Guaviare, masacrando a siete militares e hiriendo a seis más. "Calarcá" alegó que fue un error, que sus hombres confundieron a los soldados con enemigos. El Gobierno nuevamente eligió continuar con los diálogos en lugar de romper la tregua.

Los crímenes escalaron en brutalidad. El 12 de mayo de 2025, miembros del frente Iván Díaz interceptaron un bus en Caquetá y lo incendiaron con gasolina, matando a Carlos Andrés Cisneros Maigual, un sargento del Ejército que estaba dentro del vehículo. El 21 de agosto, terroristas del frente 36 detonaron explosivos en una zona de aterrizaje de un helicóptero Black Hawk de la Policía en Antioquia, derribando la aeronave y matando a 13 policías. El incidente fue tan grave que la Casa Blanca ofreció 5 millones de dólares de recompensa para quienes ayudaran a capturar a los responsables.

En enero de 2026, en El Retorno, Guaviare, fueron hallados 26 cadáveres en hilera, entre ellos cuatro menores. Las víctimas pertenecían a la disidencia de "Iván Mordisco" y fueron ejecutadas con tiros de gracia por hombres del EMBF después de haberlos derrotado en combate. Luego, el 5 de mayo de 2026, el periodista Mateo Pérez Rueda, de 23 años, fue secuestrado en Briceño mientras investigaba los daños del conflicto armado. El frente 36 del EMBF lo torturó y lo mató. Cuando el presidente Petro intentó atribuir el crimen a otro grupo, la Fiscalía y las Fuerzas Militares lo desminieron públicamente.

El Ministerio de Defensa ha denunciado que el EMBF aprovechó la mesa de paz para expandirse sin control. Desde octubre de 2023, cuando comenzaron los diálogos, el grupo pasó de 1.400 combatientes a casi 2.960, un incremento del 111 por ciento que le permitió infiltrarse en diez departamentos. La Defensoría del Pueblo reporta que la organización está detrás del reclutamiento forzado de 386 menores en 2025 y otros 25 en los primeros meses de 2026. Las preguntas que rondan en la opinión pública son incómodas: ¿Por qué el Gobierno protege a "Calarcá"? ¿Le debe favores? Petro elude responder directamente y busca explicar la violencia del país en términos históricos y globales, hablando del auge de economías ilícitas internacionales. Pero cuando le preguntan específicamente por "Calarcá", simplemente esquiva el tema.