La política colombiana parece condenada a repetirse a sí misma. Durante años, la izquierda se presentó como la brújula moral del país, apuntando con rabia hacia la corrupción de gobiernos anteriores y prometiendo que el "gobierno del cambio" sería diferente. Pero ahora que el poder está en sus manos y faltan meses para las votaciones, la realidad golpea duro: el poder no transformó los vicios, solo les cambió de dueño. Los que ayer gritaban contra el "Estado podrido" hoy se sientan tranquilos en la mesa del erario público mientras el país los ve, con una mezcla de rabia y decepción, repetir exactamente lo que juraban combatir.

Lo que más duele es ver a Córdoba, la tierra del presidente, ahogándose con 50.000 familias damnificadas y siete muertos por las lluvias, mientras la respuesta desde la Casa de Nariño es el silencio más ensordecedor. Los alcaldes esperaron una audiencia que nunca llegó; el "presidente del pueblo" no tuvo tiempo para los suyos. Este abandono no sorprende, pero quema más cuando viene de alguien que usó la periferia como su bandera de campaña. El descuido de las comunidades, ese mismo que la izquierda llamaba "genocidio burocrático" cuando lo hacía la derecha, es hoy la marca de esta administración que prefiere hablar en foros internacionales antes que resolver el lodo y la tragedia de sus propias regiones.

Mientras tanto, la ética pública que supuestamente traería el nuevo gobierno ha sido pisoteada por un desfile de nombres cercanos al presidente bajo investigación judicial. Desde Laura Sarabia hasta Ricardo Roa y Armando Benedetti, el círculo más íntimo está salpicado por indagaciones. Tener más de 68 ministros en menos de cuatro años no muestra "dinamismo", muestra caos administrativo puro y simple. El Palacio de Nariño se convirtió en una puerta giratoria de sospechas.

Los casos de nepotismo son vergonzosos. El hermano de la ministra de Cultura recibiendo contratos millonarios. Una adjudicación de 23.000 millones de pesos a un maquillador y un fotógrafo vinculados a la ex primera dama. Mientras los colombianos aprietan el cinturón, el círculo presidencial gasta los impuestos ajenos en lujos innecesarios y burocracia familiar. No hay pudor. La "primera divorciada" sigue usando recursos públicos como si fueran de su herencia privada, mientras el presidente mira para otro lado.

Los números de Transparencia Internacional son la sentencia final de este fracaso. Colombia cayó al puesto 99 en el Índice de Percepción de la Corrupción y quedó por debajo del promedio regional. Con apenas 37 puntos sobre 100, para un gobierno que prometió ser la "potencia mundial de la vida" y la transparencia, esto es una estafa histórica que debería avergonzar a sus funcionarios.

Y el país ingresa a 2026 hundido en 130 billones de pesos en servicio de deuda. Es irónico que siendo el presidente economista de profesión, haya permitido que uno de cada tres pesos de los impuestos se vaya solo a pagar intereses, dejando los programas sociales completamente desfinanciados. El "cambio" resultó ser un mal negocio donde ganaron los contratistas amigos y los funcionarios bajo sospecha, mientras el pueblo recibe apenas lo que sobra.

El caso del pequeño Kevin Arley Acosta Pico, de siete años, que murió esperando tratamiento para su hemofilia mientras la Nueva EPS dilataba la atención, representa el colmo. Cuando la madre del niño reclamó, el mandatario prefirió culparla por permitirle usar bicicleta en lugar de asumir la responsabilidad por los insumos que pudieron haber salvado su vida.

En estos meses electorales, la reflexión es obligatoria. Colombia no puede permitir que siga cayendo en el círculo de políticos que denuncian corrupción para luego practicarla con más cinismo. Si la izquierda también lo hizo, y lo hizo sin pudor, la ciudadanía debe entender que el verdadero cambio no está en colores políticos, sino en exigir la decencia que hoy brilla por su ausencia.