Las estadísticas del DANE muestran un pequeño descenso en la informalidad laboral colombiana, que se situó en 55,3% entre diciembre del año pasado y febrero de este año. Pero antes de celebrar, conviene mirar de frente lo que realmente significa esa cifra: significa que 5 de cada 10 trabajadores en el país siguen sin un contrato que los ampare legalmente.

Un trabajador informal es aquel que no tiene la protección básica que debería garantizar cualquier empleo digno. No accede a seguridad social en salud ni pensión, y tampoco cuenta con una Administradora de Riesgos Laborales que lo cubra en caso de accidente. Es decir, labora sin red de contención, al diario, expuesto a cualquier eventualidad sin respaldo institucional.

Lo preocupante es dónde se concentra esta informalidad. El sector de agricultura, ganadería, caza y pesca encabeza la lista con unos 2,66 millones de trabajadores informales. Esto revela que en el campo colombiano, donde tantas familias dependen de sus labores para subsistir, la protección laboral sigue siendo un lujo.

Más allá de los números y porcentajes, la informalidad laboral se mantiene como uno de los retos económicos y sociales más grandes de Colombia. No es solo un dato estadístico: representa millones de vidas sin acceso a beneficios básicos, familias vulnerables ante cualquier crisis y un sistema que aún no logra incorporar a la mayoría de sus trabajadores en condiciones dignas.