Existe un momento que casi no se ve. No es un acto de rebelión ruidosa ni una ruptura evidente. Es algo mucho más lento, más corrosivo: la norma sigue en pie, pero algo dentro nuestro deja de escucharla. La ley está ahí, impresa, vigente, pero dejó de hablarnos. Y eso es más peligroso que cualquier desobediencia declarada.

El filósofo Thomas Hobbes entendía la ley como un pacto: renunciamos a parte de nuestra libertad a cambio de que alguien nos proteja. Pero ese acuerdo solo funciona si realmente creemos en él. Cuando la protección parece injusta, cuando vemos que la ley se aplica diferente según quién la toque, el pacto se desmorona. Y es lógico: nadie se compromete genuinamente con algo que no siente como suyo.

Rousseau lo decía de otra manera: la ley solo nos obliga si creemos que expresa lo que queremos todos. Pero aquí en Colombia, en nuestras ciudades y pueblos, muchos sienten que la norma es ajena. No porque no exista, sino porque no la reconocen como legítima. En lugares donde todo es cercano, donde vemos los mismos rostros, esa distancia con la ley debería ser imposible. Y sin embargo existe.

Lo que más daña no es que algunos incumplan la norma desde arriba. Lo que verdaderamente destruye es que lo hacemos con naturalidad, casi sin notarlo. Miramos cómo otros transgarden sin castigo y aprendemos la lección: las reglas son flexibles, dependen de quién las use, no pesan igual para todos. Y ese aprendizaje no se queda en los ojos; se convierte en nuestra forma de pensar.

Entonces algo cambia adentro. Dejamos de obedecer por convicción y empezamos a calcular. Si el funcionario público se roba los dineros y nada le pasa, ¿por qué yo tendría que cruzar en verde? No como un desafío, sino como un ajuste íntimo. Una compensación que nos inventamos. No robar presupuestos pero pasarse un semáforo, pensamos, es casi justicia informal.

Lo incómodo es que esto no afecta solo a los poderosos. La lógica se filtra hacia todos. Se convierte en cotidiana, casi invisible. La excepción deja de serlo y se vuelve norma. Y aquí viene lo difícil de admitir: también estamos en eso. También hemos elegido cuándo cumplir y cuándo no. También hemos mirado hacia otro lado cuando nos conviene. No por arrogancia, sino desde un permiso que nos damos a nosotros mismos.

¿Quién tiene que empezar a arreglar esto? ¿El que tiene poder, porque su ejemplo influye más? ¿O el que no lo tiene, porque su decisión es más personal? La pregunta real es incómoda: en qué momento dejamos de justificar nuestras transgresiones y empezamos a asumir que somos parte del problema. Porque la impunidad no es un fenómeno que nos pase a nosotros. Es algo que todos, de alguna forma, ayudamos a construir.