Las aguas turbias rodean a la senadora del Partido Alianza Social Independiente (ASI), Berenice Bedoya. Un exasesor legislativo la acusa de liderar un presunto esquema de coimas y personal fantasma en su equipo legislativo. Según la denuncia, la congresista habría exigido al abogado Sergio Mesa que pagara dinero a su yerno y a su hija. En este contexto de escrutinio, emerge un hecho que llama la atención: mientras Bedoya ejerce en el Congreso, su hija ha acumulado contratos públicos por cifras considerables.

Entre 2020 y 2023, Valeria Casas Bedoya, abogada con especializaciones en contratación estatal y derecho administrativo, contrató con diversas entidades en Antioquia por más de 314 millones de pesos. Prestó servicios legales a la Institución Universitaria Pascual Bravo, la Secretaría de Infraestructura de Medellín y la alcaldía de La Ceja, entre otras. Los contratos en Medellín se celebraron durante la administración de Daniel Quintero Calle, hoy candidato presidencial, cuya gestión enfrenta cuestionamientos por denuncias de corrupción contra exfuncionarios. Desde 2022, mientras su madre legisla en el Capitolio, Casas Bedoya ha firmado 17 contratos con entidades estatales de varias regiones, sumando más de 537 millones adicionales. En total, ha recibido poco más de 851 millones en contratos de prestación de servicios entre la administración de Quintero y su permanencia en el Congreso.

Cuando se le preguntó al respecto, Valeria fue directa. "Que saquen o no mis contratos, que son públicos y a los que tiene acceso toda la gente a través del SECOP, la verdad es que no tengo mucho que decir", afirmó, considerando que los señalamientos provienen de "personas malintencionadas y desagradecidas". Insistió en que su carrera profesional es independiente de su madre, enfatizando que "Yo soy abogada, tengo capacidad intelectual y soy una persona muy capaz. Todo lo que he logrado en mi vida no ha sido gracias a que mi mamá sea congresista; me gradué mucho antes de que ella lo fuera. Mi trabajo habla por mí".

Su trayectoria laboral muestra un cambio notable a partir de 2020. Entre 2015 y 2019 trabajó con empresas privadas, pero desde 2020 giró decididamente hacia el sector público. Sus primeros contratos fueron con las alcaldías de Medellín y La Ceja del Tambo, además de trabajos recurrentes con la Institución Universitaria Pascual Bravo. Entre 2022 y 2025, mientras su madre es congresista en ejercicio, ha ampliado su presencia en organismos estatales de relevancia nacional.

El patrón contractual más reiterado aparece con la Gobernación del Valle del Cauca bajo la administración de Dilian Francisca Toro. En 2024 y 2025 ha tenido múltiples periodos de vinculación, recibiendo en total 77 millones por contratos en esa región. También ha trabajado para el Senado de la República en distintos momentos, la Federación Nacional de Departamentos y la Gobernación de Bolívar. Su más reciente acuerdo es con la Secretaría General del Senado, contratada el 5 de noviembre de 2025 y hasta el 20 de mayo de 2026, por 82.5 millones de pesos, para brindar apoyo jurídico y administrativo.

Los documentos de contratación son públicos y accesibles a través de plataformas oficiales como el SECOP. No existe decisión judicial que determine ilegalidad en estos contratos. Sin embargo, el timing de estos acuerdos, coincidiendo con la presencia de su madre en el Congreso y con administraciones bajo escrutinio por corrupción, mantiene encendida la conversación sobre conflictos de interés en la administración pública colombiana.