La Universidad Nacional, la más importante del país, ha dejado de ser noticia por su producción académica para convertirse en titular de juzgados y conflictos institucionales. El centro de la tormenta fue Leopoldo Múnera, quien se desempeñó como rector entre junio de 2024 y noviembre de 2025 tras una decisión ilegal del Consejo Superior Universitario. Los tribunales le dieron la razón al candidato desplazado, José Ismael Peña: dos sentencias del Consejo de Estado declararon nula la rectoría de Múnera, calificando la maniobra del CSU como "arbitraria e intempestiva". Peña se posesionó el 19 de febrero de este año.

Lo que quedó en el camino son millones de pesos e iniciativas que hoy generan dolores de cabeza. Durante sus 17 meses en el cargo, Múnera ganó casi 560 millones de pesos en salario mensual de 32 millones 930 mil pesos, dinero que según los fallos judiciales nunca debió haber recibido. Su equipo directivo también se benefició con salarios entre 6 y 22 millones mensuales.

Uno de los proyectos más emblemáticos en colapso es la sede de la Nacional en Tumaco. El grupo inversor holandés Invest International se retiró definitivamente en octubre de 2024, alegando "retrasos sustanciales" desde 2016. En su comunicación al entonces rector y al ministro de Educación, Daniel Rojas, la empresa fue clara: "a pesar de nuestros esfuerzos colectivos y de la amplia flexibilidad proporcionada, la universidad no logró cumplir con la fecha límite del 31 de julio de 2024 y las obligaciones en virtud del Acuerdo de Donación siguen sin cumplirse". El profesor Beethoven Zuleta había alertado que el plan era "costoso, inseguro, insostenible y nada empático con la biodiversidad y los contextos demográficos y territoriales", lo que lo llevó a rechazar la dirección del proyecto. En respuesta, Múnera aseguró que "se adelantaron las gestiones" con el Ministerio y la Gobernación para asegurar recursos.

En Manizales ocurrió algo igualmente cuestionado: la creación de una Facultad de Ciencias Humanas en apenas ocho meses, cuando lo normal demora entre seis y diez años. Las representantes profesorales Iveth Katherine Collazos y Victoria Eugenia Valencia advirtieron que no había estudios de mercado y que la única carrera ofrecida era gestión cultural con baja demanda. Pese a enviar tres derechos de petición pidiendo claridad presupuestal, recibieron "respuestas evasivas". El Consejo Académico avaló el proyecto en contra de lo acordado con la asamblea profesoral de la sede, que había condicionado su apoyo a que la universidad resolviera las preocupaciones. Múnera defendió que "solo después de varias cohortes se podrá saber el número de estudiantes".

La llamada "constituyente universitaria", que fue bandera de campaña del ahora exrector, se llevó 2.500 millones de pesos distribuidos entre 2025 y 2027 para reformar estructuras de gobierno. Solo hasta octubre del año pasado se habían gastado 261 millones en tiquetes, transporte, viáticos, pendones, apoyos económicos a miembros del CSU, obras de teatro y grabaciones.

También quedó registro de entregas de dinero a sindicatos. Una grabación de negociación sindical de agosto de 2024 muestra que la universidad entregó al menos 260 millones de pesos al Sindicato Mixto de Trabajadores de las Universidades Públicas Nacionales para su Congreso Nacional de Derechos Humanos, y otros 130 millones para conmemorar el Día Internacional de los Derechos Humanos. El secretario general del sindicato, Juan Carlos Arango, argumentó en esa reunión que necesitaban recursos para transportar a sus miembros "por todas las regiones del país". Múnera contestó que "no se le entregaron recursos a ningún sindicato, aparte de los que les corresponden por ley, convención o acuerdo sindical para sus actividades".

La gestión también dejó su marca en conflictos menores pero simbólicos. Múnera se negó a borrar grafitis en el campus bogotano que insultaban a opositores políticos. Cuando se le pidió actuar, respondió que no era posible afirmar que constituyeran "discursos prohibidos", pues no eran "de odio, discriminatorio, con apología al delito ni a la violencia, ni resulta un discurso que incite al terrorismo". Hoy, la Nacional debe cargar con estos legados mientras intenta refocalizarse en lo que debería ser su razón de ser: la excelencia académica.