La Guajira y el Cesar viven tiempos turbulentos. Los bloqueos constantes que ha enfrentado Cerrejón han puesto en evidencia una realidad incómoda: muchos ciudadanos apoyan un discurso que, en la práctica, socava las principales fuentes de empleo y desarrollo de sus propias regiones. Esta contradicción es el punto de partida para entender la crisis que atraviesan estos departamentos.

Mientras la Unión Sindical Obrera cuestiona algunas decisiones del Gobierno Nacional en el sector energético, los sindicatos de Cerrejón y Drummond parecen alinearse con una política que busca acelerar el cierre de la minería del carbón sin que existan alternativas económicas claras. El problema es evidente: ¿qué pasará con los miles de empleos, los impuestos, las regalías y los programas sociales que sostiene esta actividad? La transición energética es necesaria, pero debe ser responsable, gradual y realista. No se puede cerrar una mina sin haber construido antes una economía alternativa que la reemplace.

La visión crítica del presidente Gustavo Petro frente al capital privado y las multinacionales ha generado incertidumbre en sectores estratégicos. Para muchos analistas, esta postura ha frenado inversiones y debilitado la confianza empresarial en un momento en que el país necesita crecimiento y empleo. Pero el problema es más profundo. Las promesas para La Guajira continúan sin cumplirse: la segunda fase de la represa del río Ranchería, que permitiría aprovechar 200 millones de metros cúbicos de agua subutilizados, sigue estancada. La carretera hacia la Alta Guajira avanza lentamente, detenida cerca del kilómetro 106. El ansiado aeropuerto no se construye. Los proyectos de energías alternativas sufren retrasos.

El Cesar tampoco escapa a este panorama desolador. El cierre de explotaciones carboníferas en Calenturitas y La Jagua de Ibirico ha reducido drásticamente las oportunidades laborales, sin que haya señales claras de nuevas inversiones que compensen esa pérdida. Las regiones no necesitan discursos bonitos ni promesas incumplidas. Necesitan obras concretas, inversión real, empleos y oportunidades para vivir dignamente.

La lucha contra la pobreza no se logra destruyendo los sectores productivos que funcionan, sino fortaleciendo la economía mientras se construyen alternativas viables para el futuro. Colombia necesita un debate serio sobre su rumbo: más descentralización, fortalecimiento del Estado y una paz efectiva que garantice orden y desarrollo. Es hora de que las decisiones nacionales escuchen la realidad de los territorios, no solo las ideologías.