Hace once años regresé a mi casa en La Guajira. Durante mucho tiempo quise volver, pero fue el sector minero, específicamente Cerrejón a través de sus fundaciones, el que me dio esa oportunidad real. No solo volví a vivir, sino a trabajar y a entender desde adentro cómo se impulsa el desarrollo de un territorio desde el sector privado.

He sido parte de Cerrejón y lo digo sin dudarlo: me siento orgulloso de ello. La operación no solo marcó la historia económica de La Guajira, sino que se consolidó como un referente nacional. Es orgullo de La Guajira y orgullo de Colombia. Y ese sentimiento tiene fundamentos sólidos. Cerrejón no es solo una mina: es el resultado del trabajo de miles de guajiros, de estándares operativos y ambientales rigurosos, y de una capacidad que ha aportado decisivamente al desarrollo del país y el departamento.

Los números hablan por sí solos. La empresa genera más de 12.000 empleos entre directos y contratistas. Miles de familias dependen de esta actividad, y hay toda una red de proveedores y servicios que dinamiza la economía regional. Cerrejón representa más del 40 por ciento del PIB guajiro y ha aportado más de 20 billones de pesos en impuestos y regalías en los últimos años. Esos recursos han sido clave para financiar inversión pública en toda Colombia y especialmente en La Guajira. La empresa no solo exporta carbón: también ha contribuido a construir un mejor país.

A esto se suma un cambio importante en su relación con el entorno. En los últimos años se han invertido más de 440 mil millones de pesos en proyectos sociales y más de 2,1 billones en iniciativas ambientales, sumado a programas concretos en educación, acceso al agua y fortalecimiento comunitario. Hoy la minería no puede entenderse sin su compromiso con el territorio.

Claro que el sector enfrenta desafíos complejos. La conflictividad social, los bloqueos, la incertidumbre regulatoria y las tensiones con las comunidades son realidades que existen. Pero reducir todo a estos elementos significa perder de vista lo importante. El verdadero debate es otro.

El sector minero-energético sigue siendo uno de los principales activos económicos de La Guajira. Sin embargo, ni el departamento ni la nación han convertido ese activo en un ecosistema productivo más amplio. La economía continúa siendo altamente dependiente, la base empresarial es débil, y los encadenamientos con otros sectores son limitados. Esto no es una falla del sector: es una falla del territorio. Cerrejón ha sido una plataforma de empleo, recursos, infraestructura y conocimiento. Pero La Guajira no se ha organizado en torno a esa plataforma para diversificar su economía y generar mayor valor agregado.

El sector minero-energético debe verse como una palanca, no como un fin. Una palanca para desarrollar la agricultura, potenciar el turismo, fortalecer proveedores locales y construir nuevas oportunidades económicas. Pero una palanca solo genera resultados si existe capacidad de usarla, y esa es precisamente la brecha que existe.

El momento que vive el país es determinante. La Guajira debe asumir con responsabilidad su relación con esta nueva etapa del Gobierno nacional. Más allá de posiciones ideológicas, el territorio necesita alinearse estratégicamente, priorizar proyectos y convertir oportunidades en resultados. La experiencia es clara: cuando no hay articulación con la nación, el territorio pierde. Se frenan proyectos, se diluyen recursos y se desaprovechan momentos clave. La pregunta no es si La Guajira tiene potencial: ya está demostrado. Tampoco es si Cerrejón ha sido importante: lo ha sido. La pregunta real es si somos capaces de aprovecharlo. Porque el desarrollo depende de la capacidad del territorio para organizarse, priorizar y ejecutar de manera sostenida. A La Guajira no le hace falta potencial: tiene con qué. Lo que le hace falta es capacidad de ejecución.