La falta de agua potable en La Guajira no es asunto menor. Hace poco, la presidenta de la Corte Constitucional, Paola Meneses, fue contundente al caracterizar esta crisis como una "vergüenza nacional" y un "botín de guerra" para corruptos. En abril de 2026, denunció públicamente que el problema no radica en la escasez de recursos económicos, sino en la corrupción y la desidia estatal. Una acusación particularmente grave viniendo de quien preside el máximo tribunal constitucional del país.

El departamento arrastra un déficit histórico en materia de agua. Los 15 municipios de La Guajira enfrentan una brecha crítica entre lo que sucede en los cascos urbanos y lo que vive la población rural, con deficiencias estructurales en infraestructura que parecen no resolverse. Aunque se han invertido recursos importantes en proyectos de acceso y se reportan más de 60 iniciativas de agua potable y saneamiento para 2026, la realidad en el terreno sigue sin responder a los derechos constitucionales que le asisten a los guajiros.

Las cifras muestran una paradoja incómoda: la cobertura alcanza cerca del 90%, pero la continuidad del servicio es muy baja. En promedio, el agua llega solo 9 horas diarias a los hogares, y en algunos municipios es aún menos. Además, se pierde un porcentaje considerable del agua tratada por fugas y otros problemas en la red. Según Esepgua, la empresa prestadora del servicio en el departamento, apenas 3 de los 15 municipios cuentan con agua que cumple plenamente con los estándares para consumo humano sin riesgo: San Juan del Cesar, Distracción y Fonseca.

El panorama se divide en tres categorías. Sin riesgo o bajo están Villanueva, El Molino, Urumita y La Jagua del Pilar. En riesgo medio se encuentran Riohacha, Barrancas, Hatonuevo, Albania y otros. Y en riesgo alto están Uribia, Manaure, Maicao y Dibulla, ciudades que a pesar de ser centros urbanos con presupuestos importantes, presentan frecuentemente agua con microorganismos y problemas en sus redes de distribución. La brecha más profunda sigue siendo entre la ciudad y el campo, donde las comunidades indígenas y rurales dispersas, especialmente en la Alta Guajira, cargan con la peor parte.

La esperanza de los guajiros está en lograr acceso al agua las 24 horas. Eso transformaría radicalmente su calidad de vida, la salud y las posibilidades de desarrollo productivo. Hoy muchas personas deben caminar horas o desplazarse en burro para conseguir agua. La desnutrición, la falta de acceso a agua digna, sigue impactando el desarrollo integral de miles de niños y familias. El agua no es un lujo en La Guajira: es una necesidad urgente que debe garantizarse como derecho en todo el territorio.