La Guajira se enfrenta a un futuro incierto. El gobernador Jairo Aguilar de Luque encendió las alarmas sobre lo que pasará en 2034, cuando expire la licencia de operación de Cerrejón, la mina que sostiene buena parte de la economía departamental. La preocupación del mandatario es legítima: según sus cifras, alrededor del 60 por ciento del Producto Interno Bruto guajiro viene de la actividad minera.

Lo que asusta no es solo perder una empresa. Es lo que viene después. Miles de familias dependen directamente de Cerrejón, y si la mina se cierra sin un plan B, el departamento podría enfrentar una debacle económica similar a la que vivió el Cesar, donde se perdieron más de 16.000 empleos cuando bajó la actividad minera. Por eso el gobernador insiste en que "se debe generar un plan de descarbo­nización en el territorio con el apoyo del Gobier­no Nacional", buscando una transición ordenada que no deje a la región en la estacada.

Pero la preocupación de Aguilar de Luque no se queda solo en lo económico. También cuestionó fuertemente los resultados de la política de paz total impulsada por el Gobierno Nacional. Señaló que la seguridad en zonas cercanas a Maicao y Uribía se ha deteriorado por el accionar de grupos armados ilegales, con varias alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo.

El gobernador fue directo en su crítica: "El presidente Gustavo Petro reconoce ante la televisión española que la paz total fracasó, pero no lo reconoce en el país". Con esa frase, Aguilar de Luque deja clara su posición y reitera el llamado al Gobierno Nacional para implementar una transición energética justa que proteja tanto el empleo como la economía de La Guajira en los años por venir.