La Guajira está en medio de uno de sus debates más complejos. El departamento busca aprovechar su enorme potencial de energías renovables, especialmente solar y eólica, pero enfrenta un obstáculo que va más allá de lo técnico: cómo conciliar el desarrollo energético con los derechos ancestrales de pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes. Detrás de esta tensión hay un fenómeno que permanece casi invisible en la conversación pública: cómo la identidad ancestral se ha convertido en un bien que se negocia, se administra y se mercantiliza.

Hace tres décadas, cuando se aprobó la Constitución de 1991, la ancestralidad era principalmente memoria, continuidad histórica y relación espiritual con el territorio. Pero la apertura del Estado colombiano al multiculturalismo transformó las cosas. Ahora ser reconocido como sujeto étnico trae consigo poder real: participación en consultas previas, capacidad de dialogar directamente con el Estado, influencia sobre licencias ambientales, acceso a recursos de cooperación. La identidad dejó de ser solo símbolo para convertirse en capacidad de negociación política y económica.

En La Guajira, donde convergen pueblos wayuú, comunidades afrodescendientes y megaproyectos energéticos con millones en juego, esto ha generado tensiones inevitables. Las autoridades tradicionales indígenas, los consejos comunitarios afrodescendientes y otras formas de representación étnica comenzaron a multiplicarse dentro de un sistema estatal donde la ancestralidad ahora abre puertas y genera poder. El problema es que estas estructuras de representación avanzaron más rápido que los propios procesos de investigación histórica, construcción cultural y memoria colectiva.

Entre el pueblo wayuú, por ejemplo, han surgido nuevas interpretaciones de la ancestralidad ligadas a disputas territoriales y ambientales contemporáneas. En otros casos, narrativas identitarias parecen responder más a las dinámicas de negociación abiertas por el multiculturalismo que a procesos históricos sólidos y documentados. Algo similar sucede con los consejos comunitarios afrodescendientes: muchos se han enfocado más en ocupar espacios de representación jurídica e institucional que en recuperar y fortalecer la verdadera memoria histórica afrocaribeña de la región.

El resultado es contradictorio. La Guajira tiene uno de los mayores potenciales de energía renovable del continente, pero enfrenta enormes dificultades para avanzar proyectos que en otros departamentos se mueven con rapidez. Las consultas previas se han convertido menos en espacios de verdadera concertación cultural y más en escenarios permanentes de intermediación política donde se disputa por legitimidad territorial. La gobernanza del territorio se fragmenta cada vez más.

El riesgo es profundo. Cuando la ancestralidad adquiere valor jurídico y económico, inevitablemente surgen disputas sobre quién es verdaderamente ancestral y qué territorios pueden reivindicarse en su nombre. En el intento legítimo por proteger las identidades culturales, el Estado terminó creando un nuevo mercado político alrededor de ellas. Y aquello que fue sagrado, memoria y continuidad histórica, corre el riesgo de convertirse principalmente en instrumento de negociación y poder territorial. Porque cuando lo ancestral entra al lenguaje del Estado, inevitablemente entra también al del mercado político.