En La Guajira existe un problema creciente que erosiona la confianza en el sistema comercial y judicial de la región. Deudores están utilizando la insolvencia como un mecanismo meramente dilatoria para burlar sus compromisos. El escenario es claro: un acreedor espera casi una década en desgaste judicial para que finalmente se fije la fecha del remate de un bien inmueble que garantiza su deuda. Pero a pocos días de que se haga justicia, el deudor acude a un centro de conciliación, solicita insolvencia con apenas cumplimiento aparente de requisitos, y el juzgado paraliza la ejecución inmediatamente. Lo más grave es que el acreedor ni siquiera es comunicado debidamente sobre el inicio del trámite, quedando sin acceso al expediente ni posibilidad real de defenderse.

La insolvencia de persona natural no comerciante es, en esencia, una institución hermosa y progresista. Es un salvavidas para quienes han sido golpeados por reveses económicos, de salud o del destino, permitiéndoles renegociar sus deudas bajo amparo legal y recuperar la dignidad. Como herramienta diseñada bajo el principio de buena fe, equilibra los derechos del deudor con los del acreedor, promoviendo acuerdos de pago serios y financieramente sostenibles. Cuando funciona bien, es un mecanismo para la paz social y la estabilidad del mercado.

Sin embargo, la realidad actual en la región muestra una desnaturalización de esta figura jurídica. El abuso sistemático ha llevado a que deudores con clara capacidad patrimonial promuevan estos trámites de forma temeraria. Al instrumentalizar el proceso para simplemente eludir deudas, se genera un efecto dominó perverso: los acreedores que no logran cobrar se convierten en deudores de otros, asfixiando la economía local y destruyendo la confianza en el tejido comercial.

Los centros de conciliación del país deben ser vigilantes y estrictos. No pueden prestarse para convalidar maniobras dilatorias que despojen al proceso de su verdadera naturaleza recuperatoria. En especial, la Cámara de Comercio de La Guajira tiene la responsabilidad de blindar su reputación, una dignidad bien ganada como faro de progreso y desarrollo departamental. Para preservar ese legado, debe fortalecer de manera rigurosa sus controles internos, asegurándose de que sus trámites no den cabida a faltas a la verdad procesal. Los conciliadores no pueden ser meros receptores formales de documentos; deben ejercer control real que garantice la transparencia, la viabilidad de las propuestas y, sobre todo, la buena fe que inspira la ley.

Es justo celebrar la extraordinaria gestión que ha adelantado la Cámara de Comercio de La Guajira hasta ahora. Su papel como motor de la región es innegable. Lo que se busca con esta advertencia no es demeritar sus logros, sino actuar con sentido preventivo para que no se dañe la valiosa confianza de sus clientes y usuarios. Robustecer estos filtros es vital además para no generar dudas ante la Rama Judicial, que tiene la responsabilidad legal de revisar estos procedimientos. Mantener la armonía institucional entre centros de conciliación y despachos judicales es la clave para que la región se consolide como referente de integridad: haciendo las cosas bien, con rigor, rectitud y respeto absoluto por la justicia.