La seguridad en La Guajira vuelve a estar en el centro del debate después de que militantes del ELN atacaran el Batallón Cartagena en Riohacha, dejando a 12 uniformados heridos. El suceso encendió las alarmas entre las autoridades locales y llevó al secretario de Gobierno, Misael Velázquez, a cuestionar duramente la estrategia nacional de seguridad. En conversación con EL COLOMBIANO, el funcionario fue contundente: "Tiene que mostrar una voluntad real. La política de paz total no ha sido lo que esperábamos para garantizar tranquilidad, convivencia y desarrollo en La Guajira".

Tras un consejo extraordinario de seguridad, las autoridades ofrecieron una recompensa de hasta 200 millones de pesos para dar con los responsables del ataque, atribuido al frente "6 de Diciembre" del ELN. Según el reporte oficial del Ejército, los atacantes lanzaron 12 artefactos explosivos contra las instalaciones, de los cuales 3 detonaron. Los 9 restantes fueron ubicados y destruidos de forma controlada. Ocho militares fueron dados de alta después de recibir atención médica, mientras que 4 permanecen hospitalizados en la Clínica Cedes de Riohacha. Lo preocupante es que el material explosivo hallado en el vehículo usado por los atacantes sugiere que pudo haber sido mucho peor. "Por lo que se encontró en el vehículo, el atentado pudo haber sido mayor. Explotaron tres tatucos, pero tenían capacidad para más", advirtió Velázquez.

Con las elecciones a la puerta, el panorama en la región es tenso. Las autoridades desplegaron un robusto dispositivo de seguridad con cerca de 4.000 uniformados de la Policía y el Ejército distribuidos en los 218 puestos de votación del departamento. "Contarán con el acompañamiento del Comité de Transparencia, la Fiscalía, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo. También se garantizará el control migratorio, teniendo en cuenta que Migración anunció el cierre de la frontera a partir del sábado a las seis de la mañana hasta el lunes a la misma hora", explicó Velásquez.

Pero el atentado es síntoma de un problema mucho más profundo. La Guajira se ha convertido en escenario de disputa entre múltiples grupos armados ilegales. Velázquez denunció la presencia del ELN, disidencias de las Farc, el Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), lideradas por alias Naín o "El Bendito Menor", quien tiene orden de captura reactivada. El funcionario reportó cuatro paros armados en Riohacha durante los últimos tiempos. "Aquí tenemos disidencia de las FARC, el Clan del Golfo, Los Conquistadores de la Sierra. Son varios grupos, indiscutiblemente requerimos mayor inteligencia, disposición tecnológica para la atención, y también lo que todos reclamamos: pie de fuerza en el departamento", afirmó.

Los delitos vinculados al conflicto armado y el narcotráfico están en aumento en municipios como Riohacha, Maicao, Uribia, Manaure, San Juan y Fonseca. Velázquez alertó sobre la escalada de extorsiones, homicidios y reclutamiento de menores. "Esta es una frontera porosa. Aquí se disputa la ruta del narcotráfico y necesitamos más inteligencia, tecnología y pie de fuerza", reiteró. La Defensoría del Pueblo también mantiene vigilancia especial sobre la situación. En marzo pasado, ese organismo advirtió sobre la expansión territorial del grupo "Los Pachencas" y solicitó al Gobierno nacional fortalecer compromisos para proteger a la población civil.

Pese a la gravedad del panorama, Velázquez reiteró el compromiso de las autoridades locales. "Vamos a hacer todos los esfuerzos necesarios para garantizar el orden público y construir una política real de seguridad para La Guajira", concluyó el funcionario. Por ahora, el departamento aguarda que los refuerzos de seguridad desplegados para las elecciones logren contener la violencia que ha caracterizado a la región en los últimos meses.