En La Guajira se respira una pregunta incómoda: ¿cuál es el legado de quienes han gobernado durante los últimos veinte años? Los números hablan solos y duelen. En 2024, el departamento registró una pobreza monetaria del 65,7%, la segunda más alta de toda Colombia. La pobreza extrema alcanzó el 43,2%, mientras que la pobreza multidimensional en 2025 llegó al 40,1%. Estas cifras no son accidente: son el resultado de dos décadas de incapacidad para convertir recursos en desarrollo real.

Lo más paradójico es que La Guajira no ha sido un departamento abandonado por el Estado. Lejos de eso, ha recibido inversiones constantes. En solo diez años llegaron cerca de 3,9 billones en regalías, más dos billones adicionales de otras fuentes, sumando aproximadamente 6 billones de pesos. INVÍAS ejecutó carreteras, proyectos se financiaron con regalías, contratos aparecen registrados en SECOP y obras constan en GESPROY. Pero aquí está el nudo: todo ese dinero terminó en corrupción, no en desarrollo. El Estado invirtió, pero la transformación nunca llegó.

La prueba más desgarradora está en los juzgados. La Corte Constitucional sigue vigilando la Sentencia T-302 de 2017, que declaró un estado de cosas inconstitucional por la vulneración de derechos fundamentales de los niños Wayuu. Cuando un tribunal constitucional debe estar pendiente de que un departamento garantice agua, alimentación y salud a su población más vulnerable, el fracaso político deja de ser opinión para convertirse en realidad.

Aquí es donde la ironía muerde: esos mismos dirigentes vuelven a presentarse como la promesa de renovación. ¿Renovación de qué? Tuvieron presupuestos, regalías, curules en el Congreso, influencia sobre el Gobierno Nacional y todo el poder para decidir el destino de La Guajira. Y aun así, el departamento sigue dependiendo de transferencias nacionales, mantiene brechas sociales enormes y aparece en los últimos lugares de los indicadores de desarrollo.

Pero hay una excepción que evidencia todo lo demás. La institución que mejor representa el progreso de La Guajira no es la Gobernación, ni el Congreso, ni una alcaldía. Es la Universidad de La Guajira. Mientras la política cambia de protagonistas cada cuatro años prometiendo un nuevo comienzo, la Universidad construye un proyecto de largo plazo basado en planeación rigurosa, evaluación permanente, fortalecimiento docente e investigación. Logró la Acreditación Institucional en Alta Calidad otorgada por el Ministerio de Educación, un reconocimiento que pocas universidades del país poseen. Hoy atiende cerca de 17.600 estudiantes, cuenta con más de 1.700 docentes y 57 grupos de investigación activos en todo el departamento.

La comparación resulta inevitable e incómoda. La Universidad demuestra que el progreso sí es posible cuando existe continuidad institucional, disciplina administrativa e indicadores claros de desempeño. Mientras tanto, la dirigencia política sigue sin poder mostrar avances equivalentes en agua potable, empleo, salud, infraestructura o reducción de la pobreza. La academia avanzó, la política administró el atraso.

Y es particularmente desconcertante que los mismos protagonistas de estas dos décadas vuelvan a disputarse espacios en el nuevo gobierno como si su gestión hubiera sido exitosa. El desarrollo no se mide por discursos, fotos, videos ni inauguraciones, sino por la calidad de vida real de las personas. La Guajira no necesita más políticos prometiendo futuro mejor. Necesita dirigentes capaces de producir resultados como los que hoy muestra la Universidad. Después de veinte años, el verdadero monumento al progreso del departamento lo construyó la academia, mientras la clase política solo construyó pobreza social y su patrimonio personal.