La Guajira tiene un problema que la asfixia: cada inconformidad termina convertida en bloqueo de carreteras. Durante años, las vías del departamento se convirtieron en el escenario donde la comunidad reclama incumplimientos del Estado, tensiones con empresas, conflictos étnicos y demandas históricas sin respuesta. Pero el departamento cayó en una trampa: normalizar la vía de hecho como el único camino para hacerse escuchar.

Por eso el gobernador Jairo Aguilar Deluque tomó una decisión política de fondo: crear la Unidad de Diálogo Social, liderada desde la Secretaría de Gobierno Departamental. La Guajira es hoy el único departamento del país que cuenta con una unidad de este tipo a nivel departamental. No es vanidad: es responsabilidad. La idea es pasar de la reacción a la prevención, de la confrontación al relacionamiento, de cerrar vías a construir acuerdos.

Los números hablan por sí solos. Entre enero y febrero de 2025, La Guajira registró 11 bloqueos y se ubicó como el tercero con más cierres en esos dos meses. En 2024, el departamento cerró el año con 53 bloqueos, siendo el quinto departamento más afectado del país. Detrás de cada cierre hay transportadores detenidos, trabajadores sin ingresos, empresas paralizadas, turistas atrapados, pacientes en riesgo y estudiantes perjudicados. A nivel nacional, solo entre enero y septiembre de 2025, Colombia registró 700 bloqueos en vías nacionales que generaron 10.930 horas de afectación, equivalentes a 455 días de pérdida de productividad. El impacto económico para el sector transporte ya asciende a 1,9 billones en 2025.

Desde que la Unidad comenzó a funcionar, los hechos asociados a bloqueos han disminuido en un 49%, según el seguimiento institucional del departamento. Eso no significa que el problema esté resuelto, pero demuestra que cuando el Estado llega antes, escucha mejor y hace seguimiento a los compromisos, la conflictividad se tramita de manera distinta. El Gobierno Nacional ya reconoció esta experiencia como importante para enfrentar la conflictividad desde la prevención.

Pero hay un equilibrio delicado que mantener. La protesta pacífica es un derecho constitucional, pero el bloqueo prolongado no puede convertirse en excusa para vulnerar otros derechos. Una cosa es marchar y exigir; otra muy distinta es impedir el paso de ciudadanos, afectar trabajadores y comerciantes. El Estado tiene la obligación de garantizar la protesta, pero también de proteger la movilidad, el trabajo y la convivencia. Cuando el diálogo se agota, cuando se incumplen los mínimos de convivencia o cuando se pone en riesgo la vida de la ciudadanía, la autoridad debe ejercerse con proporcionalidad y firmeza.

La Unidad de Diálogo Social parte de ese balance. No estigmatiza a las comunidades porque entiende que detrás de muchos reclamos hay necesidades reales. Pero tampoco idealiza el bloqueo. El reto ahora es sostener y profundizar esta herramienta: no basta con instalar mesas de diálogo, hay que hacer seguimiento real. No basta con firmar actas, hay que cumplir compromisos. No basta con escuchar a las comunidades, hay que responder con seriedad. Y tampoco basta con exigirles responsabilidad a los ciudadanos si las empresas y las instituciones no asumen también sus deberes frente al territorio.

La Guajira necesita menos bloqueos y más acuerdos, menos reacción tardía y más presencia institucional. La vía no puede seguir siendo la oficina de reclamos del departamento. Por eso la Unidad de Diálogo Social es una decisión necesaria: porque reconoce el conflicto pero no se rinde ante él, porque defiende el diálogo sin renunciar a la autoridad, y porque demuestra que donde tantas veces el diálogo llegó tarde, hoy están haciendo el esfuerzo de llegar antes.