La Guajira vuelve a acaparar la atención nacional, pero los titulares que llegan desde el departamento poco tienen que ver con los éxitos deportivos. Mientras Luis Díaz brilla en la selección Colombia, en su tierra natal se destapa uno de los mayores escándalos de corrupción de los últimos años: la desaparición de recursos multimillonarios que estaban destinados a construir jagüeyes, implementar ollas comunitarias y garantizar agua potable a comunidades vulnerables.

Durante años, los guajiros escucharon promesas. El gobierno nacional presentaba La Guajira como prioridad, como territorio que merecía inversión social urgente para combatir problemas históricos: el hambre, la falta de agua y la pobreza extrema. Los números eran convincentes, los contratos estaban firmados, los anuncios en los medios sonaban esperanzadores. Pero la realidad fue otra.

Las investigaciones que avanzan en torno al escándalo de la UNGRD revelan una verdad que duele: buena parte de esos recursos terminó en bolsillos privados, en testaferros y en una red de corrupción que envolvió a políticos, contratistas e intermediarios. Los niños wayuú siguieron durmiendo con hambre. Las comunidades continuaron esperando grifos que nunca llegaron. Los jagüeyes, esos depósitos de agua que eran una tabla de salvación para cientos de familias, aparecen en los registros como construidos en predios privados o simplemente inconclusos.

El caso de más de 1.400 jagüeyes contratados encarna la magnitud del desastre. Si los números son ciertos y apenas una fracción se ejecutó realmente, estaríamos hablando de uno de los mayores atentados contra la dignidad guajira. Mientras tanto, la senadora Marta Peralta ocupa titulares por su situación judicial, pero el debate no puede quedarse ahí. La pregunta que circula en los municipios y corregimientos es mucho más amplia: ¿cuántos más estuvieron involucrados?, ¿qué otros dirigentes facilitaron esto?, ¿qué contratistas se beneficiaron?

La justicia tiene la obligación de llegar hasta el fondo, sin importa cuántas puertas tenga que derribar ni cuáles sean los apellidos detrás de los escritorios. Porque cuando se roba dinero destinado a los niños y al agua, no es solo un delito contra el Estado: es una traición a todo un pueblo.

Los guajiros no quieren más discursos bonitos. Lo que piden ahora es justicia clara, transparencia total y castigos que sirvan como ejemplo de que en Colombia nadie está por encima de la ley.