En La Guajira está funcionando un modelo que demuestra que es posible ayudar a los niños de los sectores más vulnerables y, al mismo tiempo, rescatar la producción agrícola local. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ha establecido compras directas de alimentos a productores campesinos para alimentar a más de 12.000 niñas y niños que asisten a servicios de primera infancia en el departamento.

La estrategia se desarrolla a través de 12 contratos con asociaciones campesinas, eliminando a los intermediarios que históricamente se quedan con buena parte de la ganancia. De esta manera, los productos del campo llegan directamente a las unidades de atención donde se preparan las comidas para los menores. Según el ICBF, esto no solo asegura alimentos frescos y de mejor calidad, sino que también acelera el proceso de entrega.

Pero el verdadero impacto va más allá de los comedores escolares. Los pequeños productores rurales ahora tienen un cliente seguro y permanente, lo que les permite confiar nuevamente en sus tierras. "Ha sido un reto de constancia, pero hoy podemos decir que sí hay potencial en el territorio. Este proceso ha permitido que muchos campesinos crean nuevamente en la tierra y en la producción local", comenta el productor José Robles, quien forma parte de esta iniciativa.

La iniciativa se ampara en la Ley 2046, que promueve precisamente este tipo de adquisiciones públicas de alimentos a productores locales. En La Guajira ya hay 363 contratos bajo este enfoque en distintos procesos, demostrando que la estrategia está ganando terreno en el territorio. Solo para alimentación de primera infancia se han invertido más de 3.756 millones de pesos, mientras que el total de contratación bajo este modelo supera los 86.000 millones.

Lo interesante es que esta iniciativa no solo revitaliza la economía rural, sino que también fortalece la organización comunitaria de los campesinos. Al consolidar estos circuitos cortos de comercialización, se amplía la participación de pequeños productores que antes tenían pocas oportunidades de acceder a compras públicas. El resultado es un vínculo más fuerte entre el campo guajiro y la garantía de derechos para la infancia.