En La Guajira crece una emergencia ambiental silenciosa pero contaminante: las basuras se acumulan en todos los rincones del departamento sin que los alcaldes respondan como se espera. Samuel Lanao Robles, director de Corpoguajira, ha levantado la voz pidiendo auxilio a quienes tienen la responsabilidad de gestionar este servicio, pero su llamado cae en oídos sordos.

El problema no es nuevo, pero sí cada vez más grave. Las ciudades como Riohacha, Maicao, Uribia, Manaure y Dibulla enfrentan puntos críticos donde la basura se apodera de espacios públicos y contamina cuerpos de agua. Los ecosistemas estratégicos del departamento también sufren las consecuencias. La Corporación Autónoma Regional ha documentado bien cómo este panorama se agudiza con el tiempo sin encontrar solución.

Lo preocupante es el desinterés político. Hace poco, Corpoguajira convocó a todos los alcaldes para analizar la situación en conjunto, pero apenas tres municipios mandaron representantes: Riohacha, Villanueva y La Jagua del Pilar. Esa ausencia de catorce mandatarios grita más fuerte que cualquier discurso. Revela que para muchos gobernantes locales esta crisis ambiental no es prioridad.

Lanao Robles ha sido claro: el problema requiere una respuesta articulada, urgente y permanente. Las medidas deben ser más fuertes porque la situación creció significativamente, más allá de lo que la autoridad ambiental puede resolver sola aplicando la ley. Se necesita que todos los responsables entren en juego: alcaldes, operadores del servicio y ciudadanía.

Para enfrentar esto, se creó la Mesa Departamental para la Gestión Integral de Residuos Sólidos, un espacio donde se busca revisar y fortalecer los planes locales de gestión, hacer un inventario completo de puntos críticos, e intervenir las zonas más afectadas. Además, plantean intensificar campañas de educación ambiental, promover el aprovechamiento de residuos mediante economía circular y aplicar comparendos ambientales a quienes contaminen.

La solución existe sobre el papel. Lo que falta es la voluntad política real para implementarla. En La Guajira saben qué hay que hacer, pero la verdadera prueba será ver si los alcaldes finalmente se comprometen o si seguirán ignorando una emergencia que afecta a todos.