El brazo acusador del Estado no cede. Después de escuchar los argumentos del Gobierno Nacional durante una larga conversación que se extendió por más de tres horas, la Fiscalía reiteró su posición: las órdenes de captura contra 29 miembros del Clan del Golfo se mantienen intactas. La fiscal general Luz Adriana Camargo se reunió con un representante del Ejecutivo encargado de asuntos de paz, pero la conversación no logró hacer cambiar de idea al ente investigador, que ya había negado semanas atrás la solicitud presidencial de deslegitimar esas órdenes.

El punto de quiebre entre estas dos instituciones gira alrededor de cómo verificar quiénes son realmente los miembros de la organización criminal que deberían ingresar a las Zonas de Ubicación Temporal cuando comiencen el próximo 25 de junio. La Fiscalía dejó claro que no puede confiar únicamente en lo que diga el grupo. "Esta verificación no puede depender únicamente de lo informado por miembros del grupo, sino que debe ser realizada por autoridades del Estado mediante un mecanismo claro, trazable y verificable de identificación, movilidad y permanencia", explicó la entidad.

Para la Fiscalía, antes de pensar en levantar órdenes de captura, el Clan del Golfo debe cumplir con una larga lista de compromisos: desmantelar sus estructuras armadas, dejar de cometer conductas que violen derechos humanos, entregar a menores reclutados forzosamente, ubicar a desaparecidos, entregar armas, detener ataques contra civiles, desminiar zonas cuando corresponda, desarticular sus estructuras criminales, convertir economías ilegales en proyectos lícitos y desmontar sus estructuras financieras.

Uno de los nombres que genera particular tensión en este pulso es el de Jovanis de Jesús Ávila Villadiego, conocido como Chiquito Malo, quien aparece en el listado de 29 personas que el grupo entregó. Estados Unidos lo busca por extradición y la Corte Suprema de Justicia ya dio el visto bueno. Por eso la Fiscalía instó al Gobierno de Gustavo Petro a "honrar los compromisos" que Colombia tiene en la persecución de crímenes transnacionales.

El ente acusador también aclaró un punto importante: aunque se levantaran las órdenes de captura, esto no significaría que se cierre la investigación penal ni que pierda competencia para investigar, acusar y permitir que los jueces juzguen a estos individuos. El debate de fondo continúa entonces, y la salida de este desacuerdo entre dos ramas del Estado seguirá definiendo cómo avanza el proceso de paz con esta organización.