Un paso más en la investigación del magnicidio que conmocionó al país. La Fiscalía General de la Nación informó que acusó formalmente a Elder José Arteaga Hernández, alias Chipi, como el presunto cerebro operativo del atentado contra el senador y precandidato Miguel Uribe. Según los elementos de prueba recolectados, este sujeto habría sido la pieza clave para articular el plan criminal que terminó con la vida del congresista.

Los detalles de la acusación revelan un operativo minuciosamente coordinado. Chipi habría organizado diversas reuniones el 4 de junio de 2025 y en otras fechas posteriores en la localidad de Bosa y diferentes puntos de Bogotá, en donde se planificó cada detalle del ataque. Además, estuvo involucrado en las vigilancias al senador Uribe Turbay y en el reconocimiento previo del lugar donde ocurrió el atentado. Los elementos materiales probatorios indican que fue el encargado de entregar el arma de fuego al adolescente que disparó contra el senador y de supervisar de cerca la ejecución de la acción criminal.

La Fiscalía lo acusa de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, fabricación y tráfico de armas agravado, uso de menores para cometer delitos, y ocultamiento y alteración de elementos probatorios. Delitos graves que lo enfrentan a un proceso judicial en el que deberá responder por su presunta participación en uno de los casos de mayor impacto político del país.

Arteaga Hernández no es nuevo en los registros criminales de las autoridades. Este sujeto cuenta con un extenso prontuario delictivo por extorsión, lesiones personales, desplazamiento forzado y violencia intrafamiliar, principalmente en Bogotá. Sin embargo, las autoridades descartaron que pertenezca a disidencias o grupos guerrilleros como el ELN, lo que sugiere que el crimen habría sido perpetrado sin el respaldo de estructuras armadas organizadas.

Con esta acusación formal, el caso suma ya nueve personas vinculadas por la Fiscalía. Anteriormente, alias Gabriela fue condenada mediante preacuerdo a 21 años de prisión, y el adolescente que disparó el arma fue condenado a siete años. La investigación continúa su curso para esclarecer completamente las circunstancias de uno de los hechos más graves ocurridos en Colombia en los últimos años.