En la Alta Guajira, un nombre se repite de forma estratégica. Custodio. Los hermanos Wouyurí Valbuena lo comparten entre ellos, y según cuentan las autoridades tradicionales de la región, esa coincidencia ha funcionado durante años como una cortina de humo para confundir a quienes intentan seguirles el rastro. Incluso el papá, que era boyacense, llevaba el mismo nombre.

Esta familia se convirtió en la fuerza motriz detrás de Wuinpumüi, el nuevo territorio indígena creado en la Zona Norte Extrema de la Alta Guajira. Mediante el Decreto 482 de 2025 y una resolución de la Agencia Nacional de Tierras, constituyeron una Entidad Territorial Indígena (ETI) con autonomía similar a la de los municipios. En términos prácticos, eso significa que los Wouyurí Valbuena ahora gestionan presupuestos millonarios para salud, educación y agua potable en un territorio que abarca más de 257 mil hectáreas divididas en nueve corregimientos de Uribia.

Armando, el expromotor de la Constituyente y compadre del presidente Gustavo Petro (relaciones cercanas: Petro es padrino de una de sus hijas), maneja los hilos políticos desde Bogotá. Su hermano Custodio, conocido también como Gustavo, actúa en la Guajira como representante legal y ejecutor de la iniciativa. Junto a su hermana Taidé administran esta estructura familiar que funciona bajo el nombre de Wayúu-Araurayú, organización que entre 2023 y 2026 firmó contratos por más de 20 mil millones con instituciones estatales.

La cifra que explica la magnitud real del conflicto es contundente: 64.500 millones de pesos. Ese es el presupuesto que la Alcaldía de Uribia proyectaba para 2026 y que, con la entrada en funcionamiento de la ETI, pasaría de la administración municipal a manos de la familia Wouyurí. Por eso los críticos locales la llaman una "alcaldía de facto": una estructura de gobierno surgida por decreto presidencial, no por elección popular.

Gesimar Correa Epieyú, autoridad tradicional de Siapana, ha levantado la voz contra lo que describe como un esquema de manipulación sistemática. Según ella, los hermanos Wouyurí ni siquiera son del territorio que pretenden gobernar. "Ellos son de Manaure y no tienen que ver nada por aquí. No son dueños del territorio. Nosotros los autoridades somos los que decidimos por nuestro territorio", asegura Correa. Ella también denuncia que en las asambleas de socialización han falsificado firmas de autoridades y utilizado fotos de personas ajenas a las reuniones para aparentar respaldo que no existe. Según su relato, nombres de líderes que nunca asistieron terminan apareciendo en actas oficiales.

Lo que más indigna a las comunidades locales es la centralización de decisiones vitales. Correa denuncia que "hay que pedirle permiso a ellos para que autorice al ICBF para que venga un operador que uno quiere para acá". En una reunión de octubre de 2025 registrada en videos que obtuvo EL COLOMBIANO, Custodio expuso su plan de centralización. Reconoció que en 60 unidades del ICBF de Siapana trabajan "sobrinos de las autoridades, son familias, sobrinos, conocidos", pero aclaró que su organización debe "organizar eso". Su mensaje fue directo: "Vamos a organizar lo que no está organizado y después nos unimos todos otra vez". Para muchos en la región, eso suena menos a autonomía indígena y más a toma de control de recursos.