Una nueva tormenta de denuncias rodea al representante a la Cámara David Racero. La Corte Suprema de Justicia recibió testimonios acompañados de documentos que señalan que siete miembros de la familia del congresista del Pacto Histórico han conseguido contratos y nombramientos en diferentes dependencias del Estado desde que Racero asumió su cargo durante el Gobierno Petro. El periodista Daniel Coronell fue quien dio a conocer estas cifras, que al sumarse totalizan 718 millones de pesos. Lo que llama la atención es que estos contratos parecen responder a un patrón sistemático que también se ha documentado con otros funcionarios cercanos al presidente.

El listado de beneficiarios es extenso. Su hermano Daniel Alfredo Racero Gómez fue nombrado en la Subdirección de Relacionamiento con la Ciudadanía del Ministerio de Educación por el ministro Daniel Rojas, con contratos que superan 235 millones de pesos desde finales de 2024. Su primo José Manuel Márquez Mayorca ha recibido múltiples contratos con la Agencia Nacional de Tierras, la Superintendencia de Notariado y Colombia Compra Eficiente que suman más de 153 millones. La esposa de Márquez, Daniela del Carmen Parada Quintero, también saltó al Estado con nueve contratos en la Unidad Nacional de Protección y la Superintendencia de Economía Solidaria, que acumulan 223 millones de pesos.

Los casos del tío Félix Darío Racero Arévalo y la tía María Helena Racero Ceballos también generan inquietud. Ambos recibieron contratos con el Sena: el primero en Cesar por 21 millones y la segunda en Bolívar por 30 millones. Lo significativo del caso del tío es que aparece en conversaciones entre Racero y Jorge Londoño, director del Sena, donde el congresista le pregunta: "¿Tú me dirás en qué subdirección crees viable que los puestos del Centro Democrático nos los den a nosotros en el Cesar, de OPS?". Londoño respondió: "Claro que sí, pero déjale alguito a los verdes". Esta comunicación ya generó una investigación en la Corte Suprema.

Las parejas de otros primos de Racero también se beneficiaron. Elena Esther Paredes, esposa de Juan Carlos Márquez Mayorca, recibió un contrato en la Cámara de Representantes por 30 millones de pesos para "hacer pedagogía en Valledupar sobre la reforma de salud del gobierno". Según Daniel Coronell, "Nadie ha podido explicar por qué es esa una función de la Cámara de Representantes". De manera similar, Ángela María Araujo, esposa de Walter Fidelio Castilla otro primo, fue contratada como abogada en la Cámara por 24 millones cuando Racero era presidente de ese organismo. Luego, al dejar su cargo, la misma persona fue contratada por el Ministerio de Justicia.

Hasta ahora Racero no ha salido a responder a estas acusaciones. Sin embargo, la magnitud de los contratos y la concentración de estos recursos en una sola familia ha generado rechazo en la opinión pública. La pregunta incómoda que ronda es cómo tantos miembros de una familia llegaron casi simultáneamente a recibir dinero estatal en diferentes instituciones. Mientras la controversia continúa, la Corte avanza en sus investigaciones no solo por estos contratos, sino también por irregularidades que Racero habría cometido con una empresa de frutas y verduras de su propiedad, donde presuntamente maltrataba a sus trabajadores.