Semanas después de la tragedia aérea en Puerto Leguízamo que dejó 69 muertos y 57 heridos, la Contraloría General de la República ha destapado una realidad preocupante: la aeronave siniestrada, un C-130 Hércules con matrícula FAC 1016, operaba sin póliza de seguros vigente. Esto significa que ante el accidente, el Estado colombiano no tuvo una aseguradora que cubriera los costos, sino que debe asumir directamente todas las indemnizaciones y gastos derivados del desastre.

Lo más alarmante es que este avión desprotegido no es una excepción aislada. De acuerdo con el ente de control, ocho de cada diez aeronaves de la FAC están volando sin cobertura de seguros. Son 272 aviones de una flota total que carecen de protección, y cubrir ese hueco en la seguridad requeriría invertir aproximadamente 61,2 millones de dólares, lo que equivale a casi 245 mil millones de pesos. Por ahora, apenas el 19 por ciento de los equipos aéreos cuenta con algún tipo de póliza.

El problema no es solo la falta de seguros, sino que refleja un manejo presupuestal complicado en el sector defensa. Aunque en los últimos años el presupuesto ha crecido, solo el 4,6 por ciento de esos recursos se destinan a inversión, aproximadamente 3,8 billones de pesos. El resto se consume en gastos de funcionamiento, lo que ha dejado poco margen para modernizar equipos, hacer mantenimiento adecuado a las aeronaves y fortalecer la gestión de riesgos.

La Contraloría también encontró que existe un problema de inconsistencia en cómo se valora el riesgo. Algunos aviones que vuelan en zonas de alto peligro, como los teatros de operaciones militares, han sido considerados con menor exposición de lo que realmente tienen, mientras que otros con riesgos menores fueron sobreestimados. Esto ha generado asignaciones desiguales de recursos para aseguramiento.

Pero hay más problemas en el horizonte. El organismo de control advierte sobre otros riesgos que amenazan la sostenibilidad financiera de la defensa nacional: el rezago en inversión en tecnología e innovación, y especialmente el peso del régimen pensional de la Fuerza Pública, cuyos pasivos podrían superar los 140 billones de pesos.

Ante todo esto, la Contraloría expresó preocupación por las consecuencias que la falta de seguros trae para los tripulantes accidentados y sus familias. El organismo anunció que habrá un seguimiento especial a las acciones relacionadas con este caso.

El llamado del ente de control es directo: se necesita "fortalecer las políticas de aseguramiento, ajustar los modelos de valoración del riesgo, aumentar de forma sostenida la inversión, especialmente en mantenimiento y modernización, y adoptar medidas estructurales que garanticen la sostenibilidad financiera del sector defensa".