Durante años, la extorsión fue un problema que muchos asociaban exclusivamente con zonas de conflicto o territorios abandonados por el Estado. Pero esa visión ya no refleja la realidad del país. Según un estudio del Politécnico Grancolombiano, el delito creció más de 70% entre 2014 y 2024 y se expandió de tal forma que borró las fronteras geográficas que lo limitaban antes.

Lo que hace más alarmante este crecimiento no es solo el número, sino el alcance territorial. Colombia tiene más de 550.000 familias viviendo del cultivo de café distribuidas en cerca de 600 municipios, formando una red productiva descentralizada que es motor clave de la economía rural. Pero esa misma red se convirtió en un objetivo perfecto para estructuras criminales buscando dinero constante y fácil.

Jaime Wilches, profesor investigador del Politécnico Grancolombiano, explica el fenómeno con claridad: "El ingreso estable, la circulación de dinero en efectivo y la baja bancarización crean condiciones ideales para la imposición de cobros ilegales, afectando directamente a productores, cooperativas y transportadores rurales". El delito no ha avanzado de manera uniforme. Entre 2014 y 2016 bajó ligeramente, pero desde 2017, cuando el mapa criminal se recompuso tras la desmovilización de las Farc, la extorsión repuntó. La pandemia en 2020 la frenó temporalmente, pero entre 2021 y 2023 volvió a dispararse con un aumento del 43%.

Lo más inquietante, sin embargo, no está en esos números sino en la convergencia. En 2015, los municipios cafeteros tenían una tasa de extorsión 52% más alta que el resto del país. Para 2023, esa brecha bajó a apenas 9%. "Esta convergencia indica que el fenómeno dejó de estar concentrado en zonas típicamente vulnerables y alcanzó una distribución casi homogénea en el país, incluyendo ciudades y regiones sin tradición cafetera", advierte Wilches.

El estudio identificó otro patrón preocupante: donde hay cultivos de coca, la extorsión aumenta 3,5 puntos adicionales en promedio. No es simple coincidencia geográfica, sino que economías legal e ilegal funcionan juntas. "Esto revela un escenario donde economías legales e ilegales coexisten, generando sinergias criminales que permiten a actores armados consolidar redes de control económico, infraestructura logística y mecanismos de vigilancia que favorecen la expansión de la extorsión", explica Wilches.

En 2022, departamentos como Chocó, Guaviare, Meta, Cauca y Arauca registraron niveles extremos de extorsión muy por encima del promedio nacional. Son territorios atravesados por conflicto persistente, economías ligadas al crimen y una presencia estatal débil. Pero cuando se trata específicamente del cruce entre caficultura y extorsión, la concentración está en Antioquia, Cauca, Huila, Nariño y zonas del Tolima, mientras el Eje Cafetero tradicional mantiene todavía niveles relativamente bajos y estables.