La Dirección Nacional de Inteligencia parece estar en caída libre. Luego de que Noticias Caracol revelara encuentros entre su exdirector Jorge Lemus y el abogado del contrabandista Diego Marín, alias "Papá Pitufo", han salido a la luz una cadena de operaciones cuestionables que ponen en duda la capacidad de la entidad para cumplir su misión. Lo preocupante es que estos no son casos aislados, sino un patrón que se repite una y otra vez desde que Gustavo Petro llegó a la presidencia.

Comencemos por los cambios en la dirección de la DNI. El actual director, René Guarín, ingeniero de sistemas, es el cuarto exintegrante del M-19 que ocupa este cargo bajo el gobierno Petro. Lo antecedieron Manuel Alberto Casanova, el prófugo Carlos Ramón González y Jorge Lemus, el mismo que aparece en el escándalo de "Papá Pitufo". Esta concentración de poder en manos de exguerrilleros del M-19 ha levantado suspicacias sobre la independencia real de la institución.

Uno de los casos más vergonzosos fue cuando el presidente Petro atacó públicamente al candidato Abelardo de la Espriella, asegurando que la inteligencia le había revelado una conspiración: supuestamente, los hermanos Bautista (dueños de Thomas Greg) estarían ofreciéndole a De la Espriella la devolución del contrato de pasaportes a cambio de manipular los algoritmos del software de conteo de votos de la Registraduría. El presidente dijo en redes: "No puedo dejar de encajar la actitud negativa del procurador con los informes hechos desde inteligencia de conversaciones entre los hermanos Bautista (dueños de Thomas Greg) y De la Espriella intercambiando la devolución del contrato de pasaportes a sus manos, y la promesa, a cambio, de ciertos algoritmos que le aseguren la presidencia a De La Espriella". De la Espriella respondió duramente: "Oye, Petro, revisa tu sistema de inteligencia, el que le entregaste a tus camaradas de la narcoguerrilla; si con esa información estás tomando decisiones, seguramente es la razón por la cual pareces fuera de tus cabales. ¿Es la inteligencia chimba o, en realidad, es tu cabeza la que no funciona?". Aquí viene lo irónico: todo ese "informe de inteligencia" terminó siendo simplemente un mensaje anónimo que decía "Debido a la estrecha relación entre la familia Bautista y el candidato De la Espriella, se puede estar fraguando un fraude electoral en el registro del conteo de votos en el software tercerizado a nivel regional (...)". La abogada Carolina Restrepo, de la fórmula de De la Espriella, lo dejó claro: "Es, simple y llanamente, una respuesta administrativa de trámite de la DNI a un reporte anónimo".

Hace cuatro meses, Noticias Caracol reveló información que encendió alarmas dentro del Estado. Documentos incautados a jefes guerrilleros de las disidencias de las FARC en julio de 2024 supuestamente demostraban que habría intentos de infiltración en la Fiscalía, el Ejército, la Policía y la misma DNI. Cuando se hizo pública esta información, Jorge Lemus, entonces director, admitió que no encontró "trazabilidad" en los registros internos de la entidad que confirmara esas misiones o infiltraciones. El general Juan Miguel Huertas Herrera, jefe del Comando de Personal del Ejército, fue suspendido en enero de 2026, y el exdirector de Inteligencia Estratégica Wilmar Mejía renunció a comienzos de marzo, supuestamente relacionado con estas revelaciones.

Otro episodio oscuro llegó en mayo de 2025. Noticias Caracol destapó que la DNI había mantenido escondido y protegido durante 55 días en un hotel de Bogotá a Willington Henao Gutiérrez, alias "El Mocho Olmedo", un disidente buscado por Estados Unidos por narcotráfico, lavado de activos y concierto para delinquir. El capturado había sido designado como delegado en la mesa de paz durante la crisis del Catatumbo, por lo que sus órdenes de captura fueron suspendidas. Pero cuando pidió ser rescatado por la fuerza pública, terminó en un apartamento en Chapinero. Jorge Lemus, como director de la DNI, alegó "motivos de seguridad" para no informar al CTI de la Fiscalía dónde lo tenían recluido ni quién lo vigilaba. Un documento revelado por Caracol muestra: "Es de anotar que el señor Jorge Arturo Lemus Montañez (director de la DNI), quien recibe al capturado, informó que por motivos de seguridad no puede dar información a los funcionarios de Policía Judicial del CTI sobre el lugar de permanencia o reclusión del señor Willington Henao Gutiérrez". El gobierno estadounidense, molesto por el manejo del caso, tuvo que intervenir.

En febrero pasado, un informe de 15 páginas de la DNI causó la salida del general Edwin Urrego como comandante de la Policía Metropolitana de Cali. El documento lo vinculó de manera indirecta a un supuesto complot contra el presidente, basándose en un correo anónimo. Según El Tiempo, el mensaje advertía sobre un decomiso de drogas supuestamente fabricado que involucraba al teniente coronel Oscar Moreno Arroyabe y políticos de derecha como Char. El informe señalaba que la cercanía de Urrego con ciertos círculos políticos "pudo haber sido aprovechada" para fines delictivos, sin presentar una sola prueba técnica. El general fue retirado por orden del presidente Petro. Analistas han criticado la "ligereza" con que la DNI otorgó credibilidad completa a un mensaje anónimo sin verificación rigurosa de hechos.

Un escándalo adicional involucra al periodista Enrique Tapias. Revista Cambio reveló en febrero que Tapias actuaba como intermediario informal con acceso directo a la DNI e incluso a la Presidencia. En una grabación, aseguraba poder sentar oficiales directamente con Petro o con el entonces director Lemus. Este periodista habría recomendado al mayor César Ortiz, quien fue retirado en 2024 por vínculos con investigaciones de narcotráfico relacionadas con "Papá Pitufo". La DNI, desde junio del año anterior, revisaba hojas de vida de policías para decidir ascensos y retiros, lo que sugiere una interferencia sistemática de inteligencia en decisiones administrativas de la institución policial.

Lo que emerge de este recuento es una entidad que basa decisiones críticas en rumores, que protege a criminales buscados internacionalmente, que interfiere en nombramientos militares y policiales, y que usa información anónima como fundamento para rem