En los últimos meses, la Dirección Nacional de Inteligencia se ha convertido en protagonista de un escándalo tras otro en el gobierno Petro, pero con un denominador común inquietante: varios de ellos reposan sobre informes anónimos o documentos cuestionados. Para una de las agencias de seguridad más poderosas del Estado, resulta paradójico que base sus decisiones más importantes en fuentes que carecen de verificación básica.

El caso que más ha resonado recientemente fue la salida del general Edwin Urrego, quien comandaba la Policía en Barranquilla. Lo acusaron de supuestamente conspirar contra el presidente Petro y el ministro del Interior, Armando Benedetti. Pero aquello que desencadenó su destitución fue un correo anónimo. Así es: un mensaje sin remitente ni contacto llegó a través de un buzón de denuncias de una plataforma estatal el 27 de octubre de 2025, alertando sobre un plan para "plantar droga" y comprometer a los dos funcionarios durante una visita presidencial. El general Urrego no se quedó callado. En conversación reciente con un medio de prensa, dejó clara su inconformidad: "Frente al informe, me parece que es escueto, muy básico. Deja entrever cosas que carecen de fundamento".

Lo grave es que el informe consolidado por la DNI para justificar la medida no incluía pruebas verificables ni fuentes confiables. El propio secretario de Transparencia, Andrés Idárraga, reconoció públicamente que el presidente "fue desinformado" a partir de ese anónimo, y cuestionó severamente la consistencia de una denuncia que terminó destrozando la carrera de un oficial con 33 años de servicio. Incluso el ministro Benedetti ya había expresado sus dudas sobre el asunto.

La DNI ha experimentado un cambio profundo en su estructura. Lo que alguna vez fue un búnker de funcionarios de carrera se ha convertido en un tablero de ajedrez donde el presidente Petro ha colocado a sus antiguos compañeros de militancia. Con la llegada de René Guarín como director hace poco, ya son cuatro los ex M-19 que han dirigido la agencia: Manuel Alberto Cassanova, el prófugo Carlos Ramón González, Jorge Lemus y ahora Guarín. Su nombramiento llegó en medio de tensiones con Idárraga, justamente cuando se conocía de denuncias sobre presunto espionaje contra él a través del software Pegasus. Según sus propias cifras, su teléfono fue infiltrado más de 8.700 veces, y en al menos 134 ocasiones le activaron ilegalmente la cámara y el micrófono.

Pero la DNI no solo ha estado en el ojo del huracán por denuncia de conspiraciones fantasmales. En marzo de 2024, cuando estalló el escándalo de los pasaportes con la empresa Thomas Greg & Sons, surgió la participación de la agencia en operaciones financieras sospechosas. El entonces canciller Álvaro Leyva reportó que una funcionaria, subdirectora de Inteligencia, le indicó cómo entregar unos 30 millones de pesos a un presunto extorsionista. La Fiscalía, sin embargo, declaró que nunca fue informada ni aprobó operación alguna. Esto abre la puerta a la posibilidad de que se tratara de un pago irregular con dineros de la agencia de inteligencia.

En noviembre de 2025, nuevamente la DNI salió en las noticias, esta vez por revelarse que funcionarios del organismo, junto con miembros del Ejército y el Ministerio de Defensa, habrían sido infiltrados por disidencias de alias Calarcá. Además, está el caso de Carlos Ramón González, exdirector de la DNI, quien renunció en julio de 2024 tras vincularse al escándalo de corrupción en la UNGRD. Según testimonios de ese caso, González habría impartido instrucciones para pagos de sobornos a congresistas. Actualmente, la Corte Suprema tiene en su contra una orden de captura internacional.