Desde lejos pero nunca ajenos. Así se define la Raizal Nation Diaspora Foundation en un comunicado donde reafirma su participación en los procesos políticos que buscan reivindicar los derechos del pueblo indígena raizal en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. La organización responde así a quienes cuestionan su legitimidad para opinar desde fuera del territorio.

"Hablamos como Diáspora, pero ante todo hablamos como Pueblo", señala el comunicado. La organización hace énfasis en que la distancia geográfica no debilita la pertenencia ni el compromiso con la causa raizal. De hecho, rechaza la idea de que sus miembros hablen desde la comodidad o pretendan dar órdenes desde afuera, recordando su participación activa durante la crisis provocada por el huracán IOTA en Old Providence.

La lucha por la autonomía raizal no es nueva. El comunicado rescata una historia que se remonta a más de un siglo: desde 1912 cuando Francisco Newball levantó su voz contra la colonización interna, pasando por Thomas Beekman Livingston en los años veinte, que advirtió sobre los impactos de la migración forzada desde el continente, hasta Marco Polo Archbold en los sesenta, quien incluso planteó la independencia como camino legítimo. La Diáspora honra la memoria de líderes como Melodia Pomare, Juvencio Gallardo y Robert Britton, quienes se fueron sin ver cumplida la visión de autonomía por la que lucharon.

Pero el documento apunta a una herida abierta: más de cuarenta años escuchando compromisos sobre el Estatuto Raizal sin que este se materialice de manera plena y efectiva. El Decreto 1211 de 2018 fue un avance importante al reconocer al pueblo raizal como sujeto colectivo de derechos, pero después de más de ocho años su implementación sigue siendo deficiente. La organización responsabiliza al Gobierno Nacional por el desorden institucional, la falta de articulación con el Raizal Council (autoridad propia del pueblo) y la práctica de atender voces intermedias que fragmentan al pueblo.

Precisamente por eso, la Diáspora hace un llamado urgente a poner fin a la polarización interna. Advierte contra la promoción de instancias paralelas o espacios alternos de poder que reproduzcan prácticas históricas de división e injerencia externa. El Raizal Council es la autoridad legítima del pueblo raizal, no una organización social más que pueda ser equiparada a otras expresiones organizativas.

Al Gobierno Nacional le deja clara la posición: la voluntad es el diálogo y la concertación, pero sobre la base del respeto mutuo y el reconocimiento de gobierno a gobierno. Esto significa acatar y respetar la autoridad propia del pueblo indígena raizal. Los procesos como el Estatuto Raizal y el III Congreso Raizal deben desarrollarse bajo el liderazgo del Raizal Council, en ejercicio del derecho a la autodeterminación y la autonomía que reconoce la Constitución, no como una prerrogativa del Estado.

La Diáspora Raizal cierra su comunicado reafirmando un compromiso que describe como firme: seguir apoyando y defendiendo al pueblo indígena raizal, dentro y fuera del territorio, hasta que el respeto a sus derechos colectivos deje de ser una exigencia constante para convertirse en una práctica real del Estado colombiano. Lo hacen, dicen, en memoria de quienes lucharon antes, en solidaridad con quienes hoy resisten, y pensando en las generaciones que vienen.