Cuando la Corte Constitucional tumbó la emergencia económica decretada a finales de 2025, no solo eliminó los impuestos nuevos que se habían cobrado. También generó una pregunta incómoda: quién y cómo va a recibir de vuelta el dinero que ya pagó. La realidad es que la respuesta es más complicada de lo que parece.

El tribunal fue claro en una cosa: no todo lo recaudado se devuelve. Los contribuyentes que aprovecharon beneficios tributarios para ponerse al día con deudas anteriores (unos 175.000 en total que pagaron alrededor de $1,6 billones) no recibirán nada porque esos pagos se consideran jurídicamente consolidados. El dinero que sí podría devolverse son los cerca de $25.000 millones del IVA cobrado a licores y otros productos durante la emergencia.

El problema es que ese dinero está en manos de quienes lo pagaron, y recuperarlo resulta casi imposible para la mayoría. Diego Solano, abogado líder de Centro Jurídico Internacional, lo explica así: "El IVA es un impuesto indirecto. El Estado no se lo cobra directamente al consumidor, sino al establecimiento, que luego lo traslada al precio final. Eso implica que quien quiera reclamar debe demostrar que asumió ese costo".

En términos prácticos, esto significa que una persona que compró una botella de licor tendría que guardar su factura electrónica, demostrar que pagó ese IVA, certificar que no lo trasladó a otro y luego presentar solicitud formal a la DIAN. Para la mayoría de consumidores, el IVA en una compra puntual son apenas unos pocos miles de pesos, lo que hace que todo el trámite salga más caro que el beneficio mismo. "Estamos ante un escenario en el que, aunque la devolución esté habilitada, la recuperación real será mínima", advierte Solano.

Las empresas licoreras y distribuidoras que pagaron en volúmenes grandes tienen un panorama completamente distinto. Ellas cuentan con registros organizados, montos que justifican el proceso y personal capacitado para reclamar. Para ciudadanos comunes, el sistema prácticamente garantiza que no reclamen nada. El Estado no va a ir buscando a cada persona para devolverle el dinero; en Colombia predomina lo que se llama "derecho rogado": el ciudadano debe ser quien inicie el trámite formalmente.

La consecuencia de esto es que la mayoría de esos $25.000 millones probablemente se quedarán en el Tesoro Nacional simplemente porque la gente no los reclama. Aunque la Corte abrió la puerta para que se devuelvan, en la práctica la mayoría de colombianos comunes no van a poder cruzarla.