La propuesta de desobediencia civil pacífica lanzada por Iván Cepeda abrió un profundo grieta política en el Valle del Cauca. El excandidato presidencial anunció que no reconocerá un eventual gobierno de Abelardo de la Espriella mientras no se cumplan varias condiciones: que renuncie a su nacionalidad estadounidense, que aclare sus vínculos con agencias de seguridad norteamericanas, que respete la soberanía nacional y que se comprometa a no extraditar al presidente Gustavo Petro. Este anuncio desató una confrontación donde los sectores políticos están muy lejos de coincidir.

Desde el Centro Democrático no tardaron en reaccionar. El senador Christian Garcés fue contundente y escribió que Cepeda "está obligado a cumplir la Constitución y respetar las elecciones", calificando el anuncio como "una actitud antidemocrática que desconoce la decisión soberana de la mayoría de los colombianos". Para Garcés, cualquier desacuerdo debe resolverse por los caminos institucionales, no amenazando con desobedecer un gobierno elegido democráticamente. El diputado Rafael Rodríguez también se sumó a las críticas y cuestionó por qué Cepeda le teme tanto a una eventual extradición de Petro, pidiéndole a los opositores que dejen de "ser malos perdedores".

El analista económico Edwin Maldonado fue más allá y comparó la situación actual con lo que ocurrió durante el gobierno de Petro. Recordó que durante cuatro años hubo un presidente que enfrentó constantemente a las instituciones, que su campaña fue investigada por posible financiación irregular e incluso con presuntos aportes del narcotráfico. "Aun así, nadie llamó a desconocer su autoridad como presidente ni promovió la desobediencia civil. La oposición acudió a las instituciones y a los mecanismos democráticos", escribió Maldonado, sugiriendo que ese mismo respeto se debe mantener ahora.

Sin embargo, desde el Pacto Histórico el respaldo a Cepeda fue inmediato. El senador Wilson Arias defendió la postura argumentando que existen preocupaciones válidas sobre la soberanía nacional. "Abelardo De La Espriella no solo fue abogado en EE.UU., sino posiblemente un colaborador de la DEA o la CIA", escribió, afirmando que "la desobediencia civil pacífica que plantea Cepeda no es solo legítima, es urgente". El representante a la Cámara Alfredo Mondragón también respaldó el llamado de Cepeda, argumentando que es legítimo exigir garantías constitucionales sobre la defensa de los intereses nacionales.

La polarización refleja una pregunta de fondo que divide a la política vallecaucana: ¿cuándo la desobediencia civil es un mecanismo legítimo de oposición y cuándo se convierte en un cuestionamiento inadmisible de la voluntad democrática? Para algunos, las preocupaciones sobre soberanía justifican el llamado. Para otros, respetar los resultados electorales y los mecanismos institucionales es lo que mantiene viva la democracia, sin excepciones que dependan de quién gana o pierde.